LA COMUNIDAD DE MADRID CERCENA EL DERECHO A LA MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN MADRID CAPITAL
04 de Marzo de 2016

CSI-Fexige a los responsables de la Dirección General de Justicia que, amplíen la oferta de plazas que se ofertarán en el próximo concurso de traslado en el partido judicial de Madrid

En el día de ayer hemos conocido la relación provisional de plazas vacantes que se ofertarán en el próximo concurso de traslado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y para nuestra incredulidad, hemos observado que el número de destinos que se ofertarán en el partido judicial de Madrid es muy reducido, por no decir que casi nulo.

El total de plazas vacantes que se ofertarán asciende a 525, de las cuales únicamente corresponden a Madrid capital 67 (12,7% del total), número que no se corresponde proporcionalmente al de órganos judiciales del partido judicial ni vacantes existentes.

El total de plazas que se podrán a disposición de los funcionarios que pretendan participar en el concurso de traslados no representan más que un 30% del total de 1600 vacantes existentes que actualmente.


Esta situación nos parece intolerable y supone un ataque frontal al derecho a la movilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia que está garantizado por nuestro estatuto jurídico.

Tampoco se corresponden las cifras de puestos que se ofertaran en Madrid capital y la periferia a ningún criterio lógico de reparto, cuestión que consideramos un despropósito que lógicamente está generando el enfado de muchos funcionarios que ven como se cercenan sus expectativas de movilidad para acceder a destinos más acordes a sus intereses, además de perjudicar la conciliación de su vida laboral y profesional.

No debemos olvidar que actualmente aun permanecen muchos puestos de trabajo sin cubrir en órganos judiciales del partido judicial de Madrid, y si la Administración continua con su intención de limitar la oferta en Madrid capital, contribuirá sin duda, a hondar más en los problemas de carga de trabajo existente como consecuencia de la falta de personal y en el deterioro del servicio público que se desarrolla en las Administración de Justicia de nuestra región.

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