CSI-F EXIGE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA QUE CESEN LAS IMPROVISACIONES E IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE LAS TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS Y QUE SUSPENDA LA UTLIZACIÓN DE LEXNET
19 de Febrero de 2016

CSI-F criticó duramente el sistema que se está utilizado actualmente para la entregue de las tarjetas criptográficas que consideramos totalmente irregular, y hemos emplazado a la Directora General de Justicia para que se adopten medidas urgentes para que no quede constancia de los datos personales de los funcionarios al utilizar LexNet.

Es intolerable y totalmente irregular el procedimiento que está siguiendo el Gobierno autonómico para la entrega de las tarjetas criptográficas. No se puede tolerar que se estén personando en nuestros órganos judiciales, sin previo aviso, personas ajenas a la Administración de Justicia y sin ningún tipo de identificación, en algunos casos con actitudes inapropiadas, que requieren al personal para que les entreguen fotocopia del DNI y datos personales. Desconocemos quien recoge nuestros datos y para que, procedimiento que evidencia improvisación y genera desconfianza, cuando la Administración dispone de nuestros datos.

También rechazamos rotundamente que quede constancia en los procedimientos nuestros datos personales cuando utilizamos el sistema de LexNet, lo que puede suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos, y un atentado contra nuestra seguridad. Por ellos hemos exigido ante los responsables de la Dirección General de Justicia y Ministerio de Justicia para que adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la intimidad del personal que desarrolla su actividad laboral en nuestros juzgados.
La situación actual está generando muchos problemas, además de aumentar significativamente el trabajo y el gasto de papel, que dificulta el cómputo de plazos, que genera inseguridad jurídica entre el personal de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, y provocará multitud de nulidades de actuaciones.

CSI-F ha vuelto a exigir la racionalización y mejora de la implantación del papel cero, no se puede empezar la casa por el tejado, tiene que desarrollarse paulatinamente y garantizando los medios técnicos y programas de gestión procesal adecuados. Y si a esto le añadimos, que mientras los Magistrados y los Letrados de la Administración de Justicia no dispongan de firma electrónica, cualquier intento de tramitar procedimientos de manera telemática es inviable e ilegal. Además es intolerable que los técnicos de ICM estén incitando al personal de justicia a compartir las tarjetas criptográficas y realizar acciones de dudosa legalidad.

En este sentido, CSI-F pone a disposición de todos los funcionarios de la Administración de Justicia su asesoría jurídica.

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