CSIF no descarta emprender acciones legales por el "despilfarro" del fallido Campus de la Justicia
08 de Septiembre de 2015

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector Justicia, no descarta la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables del "despilfarro" que ha supuesto el fallido Campus de la Justicia, gasto que según algunos medios de comunicación asciende a 105 millones de euros. Un dinero "de todos los madrileños con el que se podría haber contribuido a la mejora significativa del servicio público desarrollado en nuestra justicia".

Así lo manifiesta el presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, en una carta enviada hoy al director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, en la que reitera la preocupación de este sindicato por las "lamentables condiciones en las que tienen que desarrollar su actividad laboral los empleados públicos de la Administración de Justicia" de la región, que "en algunos casos serían más propias de países en vías de desarrollo".

Tras recordar las numerosas denuncias que CSIF ha realizado por diversos incidentes en nuestras sedes judiciales (desde sistemas de climatización que no funcionan, hasta oficinas con expedientes por los suelos porque no hay espacio para colocarlos), la carta indica que muchos de los juzgados de la Comunidad no están diseñados para albergar órganos judiciales, ni para soportar el trasiego de los cientos de personas que acuden a diario a la justicia madrileña.

En algunos casos, las sedes judiciales no disponen de ascensor ni de rampa que faciliten el acceso a personas mayores o con movilidad reducida; en otros, están dotadas con instalaciones eléctricas obsoletas y sobrecargadas que no soportan la instalaciones de aparatos en épocas de mucho calor o de mucho frío; y en algunas oficinas se ha detectado la aparición de ratones, chinches y cucarachas como consecuencia de las malas condiciones de higiene. Las reducciones presupuestarias en los años de la crisis y la pasividad y desidia del Gobierno autonómico han provocado un deficiente mantenimiento de las sedes judiciales que ahora está pasando factura.

Por ello, CSIF Justicia Madrid rechaza una gestión que ha llevado a drásticos recortes presupuestarios y a órganos judiciales al borde del colapso, y pide una apuesta clara en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid por la mejora de las sedes judiciales y condiciones laborales de los empleados públicos de nuestra región. Asimismo, pide una explicación clara sobre el dinero público que se ha gastado en el proyecto del Campus de la Justicia y cuál ha sido el destino final del mismo.

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