La acumulación de papeles en juzgados de la Comunidad de Madrid provoca enfermedades respiratorias a trabajadores
10 de Marzo de 2015

- CSI-F Madrid denuncia que algunos empleados están en tratamiento por alergias, asma o conjuntivitis

Cualquiera que haya acudido a los juzgados de nuestra región se habrá encontrado con un panorama más propio de un país en vías de desarrollo, o que nos remite a épocas pasadas, en las que la informática era todavía una desconocida en la Administración. La acumulación de papeles, muchos de ellos expedientes y sumarios de causas abiertas, es tal que limita la movilidad y perjudica tanto a profesionales como a ciudadanos que visitan estas dependencias. Muchos de los trabajadores han asegurado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) que sufren dolencias respiratorias debido al ambiente poco higiénico donde tienen que llevar a cabo su trabajo.

Para los representantes de este sindicato, es habitual encontrar sedes judiciales en las que un alto porcentaje de empleados se encuentra bajo tratamiento por alergias desarrolladas en el centro de trabajo (asma, conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica…). Algo que no es de extrañar debido a la alta concentración de polvo que provocan las montañas de papel en estos juzgados y que hacen que ir a trabajar se convierta en un riesgo para la salud de estos empleados públicos.

CSI-F lleva denunciando desde hace tiempo que el personal de la Administración de Justicia lleva a cabo su actividad en sedes judiciales que en muchos casos son más propias de países en vía de desarrollo, al no reunir las condiciones mínimas en materia de seguridad laboral e higiene. Y es que en algunas sedes judiciales han aparecido ratones, cucarachas, chinches... A todo esto, hay que añadir que los empleados públicos deben soportar la presión de superiores, profesionales y ciudadanos por los retrasos que ocasionan estas carencias.

El aumento de trabajo por culpa de la crisis, sobre todo en jurisdicciones como la mercantil, social, penal, o en los registros civiles, ha sido imparable desde 2008. Sin embargo, pese a este incremento sustancial, la Comunidad de Madrid no sólo no ha aumentado los medios personales, sino que no cubre la totalidad de plantillas orgánicas ya existentes en estos juzgados. Por ejemplo, desde 2009, los 12 juzgados mercantiles de dedicación exclusiva no han aumentado su planta judicial, lo que provoca retrasos en la resolución de los conflictos planteados y perjuicios a trabajadores y empresas.

Por ello, CSI-F denuncia que el Gobierno regional, lejos de reforzar la Justicia de nuestra Comunidad, no está cubriendo unas 550 plazas vacantes repartidas por todos los órganos judiciales de nuestra región, mientras que no soluciona la carencia grave de medios materiales y de oficina con la excusa del ahorro y la austeridad, cuestión que está perjudicando el servicio público y a los ciudadanos.

CSI-F quiere recordar que la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid si funciona, es gracias a la dedicación y profesionalidad de todos los Empleados Públicos que desarrollan su actividad en nuestros órganos judiciales, que superan día a día las graves carencias que sufrimos en medios materiales, informáticos y de personal.

Por otra parte, CSI-F también quiere denunciar que la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (responsables de la gestión de personal), presiona a los empleados con controles horarios estrictos a través de una aplicación informática inoperativa y que no se adapta a las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia, con interpretaciones unilaterales y restrictivas de las normas existentes en materia de horarios, permisos, licencias, etc.

Consideramos que la Comunidad tiende a perjudicar siempre al trabajador, hasta el punto de abrir expedientes y deducciones económicas, incluso cuando los funcionarios pueden acreditar la realización de más horas de las establecidas reglamentariamente y meses después de haber pasado la causa que ha dado pie a la controversia y sin ningún tipo de comunicación previa al trabajador.

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