El Ministerio de Justicia rediseña la nueva sede de la Audiencia Nacional tras la denuncia de CSI-F
03 de Marzo de 2015

El Ministerio de Justicia confirmó ayer a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector Justicia, lo que ya adelantamos el pasado 11 de febrero: que el departamento que dirige Rafael Catalá se ha visto obligado a replantear el reparto de espacios en la nueva Audiencia Nacional para mejorar la ubicación y condiciones en las que tendrán que desarrollar su actividad laboral el personal del Servicio Común de Ejecutorias y el Archivo Central Penal.

En una reunión con CSI-F y el resto de sindicatos representativos del sector, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, indicó que habían tenido en cuenta todas las alegaciones y que han entendido perfectamente que el proyecto era mejorable. Según dijo, han realizado un esfuerzo económico y organizativo considerable para tratar de mejorar el reparto de espacios en función de las necesidades indicadas en los informes aportados.

Para ello, se reubicará al Servicio Común de Ejecutorias en la primera planta y les dedicarán un espacio útil de 270 metros cuadrados, pasando a disponer de 6,04 por trabajador. Con respecto al Archivo Central Penal, lo situarán en el semisótano y les dedicarán el espacio y reparto de puestos en función del informe elaborado por los compañeros que desarrollan su actividad en este departamento y que presentó CSI-F por escrito el 2 de febrero, conservando además el despacho de la sexta planta.

Como consecuencia de estas modificaciones, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Menores se quedará en la sede de la Calle Luis Cabrera, donde también se ubicarán los miembros del equipo técnico y los peritos.

Desde CSI-F consideramos positivos estos cambios, que suponen un acercamiento sustancial a lo que reivindicábamos, aunque hemos mostrado nuestra cautela ante el reparto de espacios planteados. Por ello, antes de hacer una valoración definitiva consultaremos la propuesta con el personal afectado. No obstante, el gasto que supondrá llevar a cabo todas las modificaciones se podría haber evitado si se hubiese contado desde el principio con la participación de los trabajadores, tal y como ha venido reivindicando CSI-F.

En cualquier caso, en la reunión de ayer recordamos a la subsecretaria de Justicia que las alegaciones de CSI-F no se dedicaban únicamente al Servicio Común de Ejecutorias y Archivo Central Penal, y reiteramos nuestro desacuerdo con respecto a la distribución del resto de Empleados Públicos que se destinarán en la nueva sede. Insistimos en que no es admisible que se dediquen tres plantas completas (7ª, 8ª y 9ª) a la Fiscalía, cuando se sitúan tres oficinas judiciales por planta, además de disponer los puestos de trabajo para la nueva oficina judicial, cuando en la Audiencia Nacional no se ha implantado este sistema de trabajo.

Finalmente, el Ministerio de Justicia desconoce cuándo se realizará el traslado y en su momento se creará una comisión con representación de los trabajadores, para decidir cómo se realizará.

Ver Galería