CSI-F recuerda que el problema del aparcamiento no sólo afecta al Tribunal Supremo y se extiende a otras sedes judiciales
19 de Febrero de 2015

- Funcionarios de la Audiencia Provincial o de juzgados de Móstoles, Getafe o Alcalá de Henares también son discriminados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha denunciado recientemente la discriminación que sufren los funcionarios del Tribunal Supremo con respecto al reparto de plazas de garaje, que únicamente van para los magistrados. Desde CSI-F recordamos que este problema no es exclusivo del alto tribunal, sino que en diversas sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, entre otras, Móstoles, Getafe, Alcalá de Henares o la misma Audiencia Provincial, se están reservando plazas de aparcamiento a magistrados, fiscales y secretarios, discriminando totalmente al resto de funcionarios de menor categoría.

Podemos entender que por motivos de seguridad de los edificios públicos, sea necesario regular el estacionamiento y únicamente permitir el acceso a usuarios autorizados, pero no compartimos que se limite el aparcamiento a unos pocos.

CSI-F rechaza que se adopten medidas para permitir el estacionamiento de vehículos particulares únicamente a empleados de categorías superiores, en perjuicio de la mayoría de funcionarios con salarios mucho menores, que desarrollan su actividad laboral en las distintas sedes judiciales y que se ven obligados a renunciar a la utilización de sus vehículos o a alquilar plazas de aparcamiento, con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conlleva.

CSI-F exige que, en todo caso, se autorice el estacionamiento a todos los trabajadores de la Administración de Justicia que lo soliciten, permitiéndose el estacionamiento de los vehículos autorizados por estricto orden de llegada, que es el criterio más justo y el que debería regir, sin distinción de categorías, como sucede en otras sedes judiciales de nuestra región. Por ello, exige a los responsables de la Comunidad de Madrid que modifiquen la distribución de las plazas de aparcamiento en las sedes donde sea necesario al objeto de zanjar costumbres tan arcaicas fuera de todo lo razonable.

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