Una magistrada del Supremo muestra su apoyo a la demanda de CSI-F de plazas de parking también para funcionarios en el Alto Tribunal
18 de Febrero de 2015

- Margarita Robles comunica a este sindicato que ha solicitado pagar de su bolsillo el importe de su plaza de aparcamiento

La magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ha remitido una carta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector Justicia, en la que muestra su "solidaridad y apoyo" en relación a los comunicados de este sindicato respecto a la gestión de las plazas de aparcamiento en el Alto Tribunal. El pasado lunes, CSI-F denunció la discriminación que sufren los funcionarios que trabajan en esta sede judicial respecto al reparto de 84 plazas sólo para magistrados en dos aparcamientos cercanos al Supremo, operación que costará 113.490 euros.

Robles, magistrada de la Sala Tercera del Supremo, indica en la misiva que desde septiembre de 2014 viene reclamando a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal la adopción de medidas no discriminatorias para todos cuantos trabajan en esta sede y que necesitan acudir al trabajo en sus vehículos particulares.

La ex secretaria de Estado de Interior también señala que ha hecho llegar su disconformidad con el hecho de que el Ministerio de Justicia, "con el dinero de los ciudadanos, haga efectivo el importe de 57 plazas para magistradas/os, sin dar respuesta a las necesidades del resto de personas que prestan servicio en este Tribunal".

Margarita Robles, que califica este hecho de "desigualdad absolutamente inaceptable", afirma en la carta que ha solicitado que se le diga la manera de hacer efectivo el importe de su plaza de aparcamiento. "Cuentan con todo mi apoyo en las reivindicaciones que puedan hacer para dar respuesta a un problema que no es menor y que afecta de lleno a las condiciones de trabajo y a la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, sin olvidar el contexto de falta de transparencia como se ha gestionado el tema", concluye la misiva dirigida a este sindicato.

La magistrada se suma así a las reivindicaciones que realizó CSI-F el pasado lunes en un comunicado de prensa en el que, tras recordar el ajuste económico radical que el Gobierno ha sometido a la Administración de Justicia, señalábamos quedesde el Ministerio de Justicia se ha adoptado una medida con fondos públicos que consideramos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados.

Desde CSI-F rechazamos que se adopten medidas para permitir el estacionamiento de los vehículos particulares únicamente a unos pocos y de categorías superiores, en perjuicio de la mayoría de funcionarios que prestan sus servicios en el Tribunal Supremo con salarios muchos menores, que se verían obligados a renunciar a la utilización de sus vehículos, o a alquilar una plaza de aparcamiento, con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría, además de evidenciar una diferencia de clases que no son propias de un país desarrollado como el nuestro.

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