Madrid, una de las comunidades más afectadas por el caos informático en la Justicia
03 de Octubre de 2014

- La Administración de Justicia tiene 9 registros diferentes en el conjunto del Estado y no comparten datos
- El programa informático del Ministerio de Justicia está obsoleto y sin soporte técnico
- La falta de conexión lastra gravemente el funcionamiento de la Administración de Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la administración de Justicia, presentó hoy un informe que evidencia el caos informático en la gestión procesal, como consecuencia de los diferentes sistemas operativos y aplicaciones presentes en el conjunto del Estado.

La falta de interconexión entre las diferentes aplicaciones informáticas, a la que se suman los problemas de coordinación con los sistemas de Instituciones Penitenciarias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están lastrando gravemente el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Según un informe elaborado por CSI-F, en estos momentos existen 9 sistemas de gestión procesal distintas: en el territorio administrado por el Ministerio de Justicia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Madrid además, se encuentra en fase de implantación de su propio programa de gestión procesal.

En el caso concreto de Madrid, sus juzgados utilizan al menos cuatro sistemas de gestión procesal diferentes (ninguna comunidad tiene tantos) sin interconexión ni volcado automático de datos, además de no cumplir el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estos programas puedan compartir información.

El informe de CSI-F pone de manifiesto que:

- Ninguna de estas herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de tal manera que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (denominados SIRAJ) que tampoco están integrados con los sistemas de gestión procesal, por lo que una vez tramitado el procedimiento hay que volver a teclear los datos en estos registros.

- Por otra parte, el programa que se utiliza en el Ministerio de Justicia y en algunas CCAA está obsoleto, descatalogado desde hace más de 10 años y sin soporte técnico del fabricante. El propio Ministerio nos ha reconocido que este programa no sirve para ser utilizado en la nueva oficina judicial que se está implantando desde el año 2010.

- Asimismo, el denominado Sistema Integrado de Justicia (SIJ), que el Ministerio de Justicia vendió hace varios meses como la solución al problema de su aplicación informática de gestión no deja de ser un parche. No se trata de un nuevo programa informático, sino una adaptación del antiguo que generará los mismos problemas.

- La mayoría de los programas en funcionamiento no cumplen con el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial hace para intentar que estos programas pudieran compartir directamente información.

- La mayoría de los programas en funcionamiento no están integrados con otros programas que asisten a la actividad judicial como pueden ser la grabación de vistas o programas específicos de registro de escritos.

- La digitalización de la Audiencia Nacional se está realizando con otro programa distinto cuya implantación está costando casi 10 veces lo presupuestado inicialmente; se trata de una digitalización que hace dos años ocasionó graves problemas de funcionamiento en este importante órgano judicial.

- Se han creado una multitud de comisiones y comités de interoperatibilidad que hasta la fecha no han servido para nada y se han aprobado sucesivos programas que no se han llevado a efecto o no han pasado de su primera fase de aplicación.

- Por otro lado, no se han implementado los programas de formación inicial y continua para los profesionales de la justicia de las nuevas herramientas informáticas.


Por este motivo, CSIF reclama al Ministro una reunión urgente para abordar este problema, emplazándole a abandonar los grandes discursos y que desarrolle un plan efectivo de informatización de la justicia, con la colaboración de los funcionarios de Justicia.

La modernización de la Administración de Justicia debe ser un proceso continuo de renovación que debe impulsarse definitivamente con una gran inversión y que debe venir avalada por un consenso político, territorial, sindical y profesional. La aplicación de las nuevas tecnologías no puede realizar a impulsos tras conocerse casos que crean alarma social y que, sólo la profesionalidad de quienes trabajamos en esta Administración y un poco la suerte, hace que sean casos aislados.

Ver Galería