CSI-F llama a alcaldes y grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a sumarse a su campaña contra la privatización del Registro Civil
25 de Febrero de 2014


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha remitido sendas cartas a todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid en las que denuncia la intención del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil mediante el traspaso de competencias a los Registradores de la Propiedad.

En las misivas, CSI-F invita a alcaldes y formaciones políticas a sumarse a la campaña iniciada por este sindicato contra una decisión que supondrá la pérdida de servicios en miles de municipios, el encarecimiento del servicio que presta el Registro Civil en beneficio de una minoría y la desaparición de unos 3.500 puestos de trabajo en toda España.

A juicio del presidente de CSI-F Justicia Madrid, Juan José Carral, el traspaso de las competencias a los Registradores de la Propiedad pondrá "en grave peligro la existencia de un servicio público gratuito". Asimismo, denuncia que significará el desmantelamiento de la Justicia más próxima al ciudadano, la de los Juzgados de Paz, que actualmente desarrollan el servicio de Registro Civil en cada municipio de la Comunidad de Madrid y de toda España.

"La privatización del Registro Civil supondrá una merma significativa en la capacidad de los municipios de contribuir al bienestar de sus ciudadanos, que vienen sufriendo ya demasiados recortes de derechos con motivo de la crisis económica", asegura Carral. En este sentido, uno de los más afectados por esta decisión del Ministerio de Justicia será el ámbito rural, que verá cómo uno de los pilares del Estado del Bienestar se viene abajo.

Las dos cartas recuerdan que el Registro Civil presta un servicio ejemplar desde 1870 en materia de seguridad jurídica, pese a la precariedad de medios materiales y personales. Además, en ellas CSI-F pide al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que abra la mesa de negociación para reformar este servicio público con el consenso de las organizaciones sindicales y las asociaciones profesionales.

Finalmente, esta central sindical entiende que privatizar este servicio se traducirá en un despilfarro de 150 millones de euros en digitalilzación de documentos que se van a regalar y en un desaprovechamiento de la experiencia y formación de los funcionarios de Justicia en materia de Registro Civil.

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