«La administración utiliza el protocolo de agresiones de forma sesgada para maquillar las cifras reales»
«La administración utiliza el protocolo de agresiones de forma sesgada para maquillar las cifras reales»
16 de Noviembre de 2021

«La administración utiliza el protocolo de agresiones de forma sesgada para maquillar las cifras reales»

Las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF celebraron la pasada semana una concentración en las Subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias con centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de representantes y miembros de las secciones sindicales de estas organizaciones en apoyo a la concentración que se realizaba en Logroño por la grave agresión sufrida por una funcionaria de prisiones el pasado sábado cuando una interna le propinó varios golpes llegando a saltarle dos piezas dentales. En Ceuta los funcionarios de prisiones se concentraron a las puertas de la Prisión de Fuerte Mendizábal y reclamaban que se atiendan de una vez por todas las reivindicaciones que vienen reclamando desde hace años y que siguen cayendo en saco roto. Para conocer más esta situación, EL PUEBLO ha entrevistado a Jose Maria Tapia Zamorano, presidente de CSIF-Ceuta en la Administración General del Estado, y Juan de la Cruz Martín Antolino, delegado sindical de CSIF de Instituciones Penitenciarias en Ceuta.

Pregunta.- ¿En cuanto al colectivo de Instituciones penitenciarias, en qué situación se encuentran?
Respuesta.- (Jose Maria Tapia) A día de hoy estamos en conflicto colectivo en una plataforma conjunta de la CSIF y Acaip-Ugt que somos las organizaciones sindicales mayoritarias en el sector porque sencillamente desde la llegada de este Gobierno que nos cogió encerrados en la Secretaría General y que desalojamos dicho encierro ante las promesas de desatascar la situación, todo ha ido a peor y mira que era difícil.

P.- ¿Cuál es la problemática en su ámbito?
R.- (Juan de la Cruz) He de decir que el día de ayer hemos tenido la primera buena noticia para el colectivo, recogiendo por fin fruto después de tanta negociación infructuosa, pues se ha metido una enmienda en la nueva ley de seguridad ciudadana por parte del Psoe y Unidas Podemos que en caso de prosperar modificará el art. 80 de la LOGP, una medida que se ha hecho esperar y que no cuesta ni un euro, es inadmisible tanta dejadez. Todavía nos queda mucho camino por andar.

P.- ¿Qué reivindicaciones faltan por conseguir para aparcar esas medidas de conflicto colectivo?
R.- (Jose Maria Tapia) Necesitamos que esta Administración cumpla con el compromiso que adquirió y ratificó en sede parlamentaria de dar la luz a una Ley de Cuerpos de la Función Pública Penitenciaria que nos sitúe en el siglo XXI, y en la que se recogen desde la condición de agentes de la autoridad, al principio de indemnidad, el principio de veracidad, la defensa jurídica, una formación de calidad y continua, una carrera profesional tanto horizontal como vertical ya que a día de hoy se puede dar la paradoja de que un funcionario se jubile con la misma categoría y nivel con el que entró a la Institución, una jubilación anticipada, la incorporación al grupo B, un nuevo organigrama, una reclasificación de Centros, la creación de nuevos puestos como las unidades V3, las unidades caninas, un código deontológico y la protección de la imagen pública del colectivo y un largo etc.

P.- ¿En qué situación se encuentra dicha ley?
R.- (Juan de la Cruz) Pues mire usted el señor Ortiz actual secretario general , prometió llevarla al Congreso en marzo de este año, llego marzo y la única información que tenemos es que está en Hacienda y Función Pública como paso previo y necesario antes de que sea presentada al Parlamento, pero desconocemos si el texto que se trabajó con las organizaciones sindicales de forma conjunta es el que han elevado de manera definitiva al igual que tampoco sabemos si la memoria económica que acompaña a la ley es la que han elaborado las organizaciones sindicales pues los trabajos se cerraron de hoy para mañana por parte de la Secretaría General en un ejercicio de falta de talante democrático y entorpeciendo un derecho fundamental como es la negociación colectiva, pues con esta Administración no ha existido, se ha cambiado la negociación por la información, porque es realmente lo que hacen, informarnos. No es de recibo.

P.- ¿Pero creen ustedes que finalmente la ley verá la luz?
R.- (Jose Maria Tapia) No tenemos confianza en esta Administración el Secretario General el Sr. Ortiz y el Subdirector General de Recursos Humanos el Sr. Arribas no son interlocutores válidos, han perdido credibilidad en base a sus reiterados incumplimientos.

Por enumerar algunos, falta que la Administración Penitenciaria cumpla sus compromisos, negocia un baremo para los concursos a 5 años, cualquier modificación del mismo debe pasar por una comisión de seguimiento y hace modificaciones saltándose a la comisión de seguimiento.

Han incorporado al baremo unos máster que imparte la Uned y en el que los profesores colaboradores son algunos de nuestros gestores de la Secretaría General, mire usted será legal pero éticamente es reprobable.

Tenemos un protocolo de agresiones, uno de los grandes problemas en nuestro medio y todavía está sin desarrollar, la Administración no tiene voluntad de hacerlo y lo utiliza de manera sesgada para maquillar las cifras de las agresiones, no recoge por ejemplo aquellas agresiones sufridas por los trabajadores y trabajadoras penitenciarias en las que los mismos no hubieran sufrido lesiones. No lleva un registro de las mismas, no ha implementado su seguimiento por los delegados de prevención, ni siquiera ha activado el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

La formación ni es de calidad ni es continua, con cursos de cinco horas únicamente se maquillan las estadísticas, luego se dan cifras que no se ajustan a la realidad en las comparecencias en la Comisión de Interior.

Todo esto está judicializado porque los compromisos deben de cumplirse, tanta discrecionalidad agota y así podríamos continuar largo rato.

La solución pasa porque realmente exista una voluntad política de sacar adelante esta situación, absolutamente todos los grupos parlamentarios son conocedores de nuestra situación y prácticamente todos tienen buenas palabras pero luego priman más los intereses políticos que el solucionar el problema.

Somos un colectivo de 27.000 personas que a día de hoy estamos desamparados por la Administración Pública y el Gobierno, en una carrera a ningún lado en la que prima más dar garantías al delincuente que la protección a los trabajadores.

Es evidente que quien ata los gatos al final como resultado tendrá una plaga de ratones.

P.- ¿En cuánto a las agresiones que ustedes denuncian?
R.- (Juan de la Cruz) Pues fíjese como está la situación, cada 36 horas se produce una nueva agresión en prisiones de todo el país, lo que supone un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y de su interés más por los datos estadísticos que por dar debido cumplimiento a la misión constitucional de reinserción y reeducación.

Advertimos, en este sentido que no se toman las medidas adecuadas con los internos conflictivos, al contrario, se criminaliza la actuación de los trabajadores, se minimizan los incidentes y se da más importancia a la realización de programas tratamentales que a que estos mismos tengan resultados.

En cuanto al C.P. de Ceuta es cierto que se han producido algunas agresiones a funcionarios si bien afortunadamente estas no han llegado a ser tan graves como las ocurridas en otros centros.

P.- ¿En qué situación se encuentra la clasificación de la prisión de Ceuta en la categoría 1.1?
R.- (Juan de la Cruz) En relación a la clasificación del Centro Penitenciario de Ceuta en la categoría 1.1. la Csif está a la espera de juicio porque reclamó primero en vía administrativa y luego en vía judicial la clasificación por parte de la CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones) del C.P. de Ceuta como 2.2. lo que nos limita para dar la atención necesaria a los internos y proceder a la apertura de más módulos, pues esa clasificación vendría de la mano de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que sería entorno a unos 243 nuevos trabajadores.

Y lo que es aún más grave, se da la paradoja de que la Secretaría General divide la plantilla de C.P. de Ceuta en dos grupos, el primero formado por el cuadro de mandos que percibe sus retribuciones con arreglo a una categoría 1.1. y un segundo grupo compuesto por el resto de trabajadores que cobra de acuerdo a una categoría inferior la 2.2. Es decir un mismo centro de trabajo al que reconoce a la vez una u otra categoría al mismo tiempo según interese a la Administración Penitenciaria.

Nos preguntamos donde está el respeto al principio de Igualdad y no discriminación consagrado en el art. 14 de nuestra Constitución.

P.- ¿Con respecto al resto de funcionarios de la Administración General del Estado, cual es la situación en esta ciudad?
R.- (Jose Maria Tapia) La AGE es muy amplia y cada departamento o ministerio tiene unas particularidades y deficiencias que le son propias.

En primer lugar quiero destacar el problema de la falta de personal en toda la administración, porque los trabajadores se jubilan y sus puestos de trabajo no son cubiertos, además nos enfrentamos al envejecimiento de las plantillas que es consecuencia directa del déficit que existe en la tasa de reposición.

Ha habido un numeroso grupo de jubilaciones anticipadas de trabajadores de la administración por miedo a una reforma de las pensiones que pudiera perjudicar sus derechos.

Al no convocarse plazas nuevas suficientes para cubrir estas vacantes no podemos dar un servicio de calidad a los ciudadanos, sobre todo en departamentos como Seguridad Social y Sepe donde se necesita una atención personalizada que no se está prestando adecuadamente, llegando a retrasarse considerablemente servicios esenciales como el cobro de jubilaciones, prestaciones por desempleo.

Por otra parte denunciamos la escasez de cursos de formación, apenas se imparten cursos y los pocos que hay son on-line y con plazas limitadas, necesitamos más cursos presenciales y que se impartan de forma universal. La formación de los trabajadores es imprescindible para poder dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

P.- Hablemos del Plan de Empleo....
R.- (Jose Maria Tapia) Respecto al Plan de Empleo quiero señalar la discriminación que sufren los trabajadores que pertenecen al Plan de Empleo que gestiona Delegación de Gobierno, respecto a los que se encuentran encuadrados en el Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma.

Los que pertenecen a Delegación de Gobierno carecen de convenio propio rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y La Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo los trabajadores que se encuentran encuadrados en el Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma si tienen convenio propio, convenio que les reconoce una serie de mejoras y derechos laborales de los que carece el otro colectivo. Lo cual a nivel sindical año tras año recibimos un sinfín de reclamaciones por el agravio que supone esta situación, como por ejemplo descuentos en nómina por baja laboral.

A nivel sindical desde Csif hemos solicitado a Delegación de Gobierno que se reúnan con las centrales sindicales más representativas de la ciudad, para elaborar un convenio propio que solucione esta situación a todas luces injusta que soportan los trabajadores del Plan de Empleo que depende de Delegación de Gobierno.