(Ceuta) ► CSI-F denuncia la instalación de cámaras en el Ayuntamiento
13 de Marzo de 2014

El sindicato advierte que todos los usuarios que allí sean grabados sin su consentimiento expreso podrían denunciarlo a las autoridades pertinentes

CSI-F presentó ayer en el Registro de la Ciudad un escrito el cual ha dirigido al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, la consejera de Presidencia, Yolanda Bel, y el director general de Recursos Humanos, Juan Manuel de la Torre, para denunciar la instalación de cámaras de video-vigilancia en todas las dependencias municipales.

Este sindicato, ha manifestado su desconcierto por la nueva instalación de este tipo de material de grabación en dependencias municipales y ha vuelto a denunciar esta práctica del Gobierno de la Ciudad Autónoma que “con dinero público y saltándose presuntamente toda la legislación en referencia a la tan desconocida para el gobierno como, la Constitución Española y, como no, la Ley de Protección de Datos de carácter personal”.

Desde CSI-F se ha recordado que una situación idéntica ya fue denunciada por CCOO y UGT en el mes de junio de 2011 en referencia a las cámaras que se instalaron dentro del cuartel de la Policía Local, aunque en la situación actual, tal y como se indica desde el sindicato, “es infinitamente más compleja, delicada, presuntamente fraudulenta y costosa para el gobierno ya que, la instalación de un elevado número de cámaras de video vigilancia en todos los pasillos, espacios, salones, escaleras y sobretodo, el negociado de estadística, vulneran el derecho a la intimidad que ampara la Constitución Española y, uno de los requisitos básicos y necesarios para la realización de dicha actividad como es, el consentimiento expreso del afectado”.

A este respecto, y tras presentar los escritos por Registro, desde CSI-F se espera que “la desafortunada instalación, sea precisamente eso, y no un intento de encubiertamente controlar y lo que es peor, conocer todos y cada uno de los movimientos y relaciones personales de los trabajadores de la Ciudad Autónoma”.

Igualmente, CSI-F hace especial mención a las dos cámaras instaladas en el negociado de estadística, indicando que esta instalación de dos cámaras de video-vigilancia con grabación “vulnera absolutamente la intimidad no sólo de los trabajadores que allí están adscritos, que sienten que están en un gran hermano, sino la de todos y cada uno de los usuarios que allí se desplazan para realizar sus gestiones personales y privadas”.

En este sentido, CSI-F advierte que se tendrá que tener en cuenta que todos y cada uno de los usuarios que allí sean grabados diariamente sin su consentimiento expreso “podrían denunciarlo a las autoridades conllevando sanciones a la administración de hasta 600.000 euros para cada uno, y esto teniendo en cuenta la multitud de personas que diariamente se dirigen al negociado, no creemos que sea muy rentable”.

El sindicato ha indicado que apoya incondicionalmente cualquier medida que busque mejorar la seguridad del Palacio Autonómico, sobretodo en lo que respecta a la entrada y salida de personas del edificio donde actualmente “no se identifica a nadie de los que acceden, pero nunca en detrimento de uno de los derechos más protegidos en nuestra Constitución, el derecho a la intimidad”.

CSI-F tampoco llega a entender como en la situación económica actual, “siendo una instalación costosa y no habiendo podido localizar la oferta de licitación de dicho sistema e instalación en la web dedicada a ello, han podido realizarse dicha contratación, por lo tanto y con declaraciones de prensa recientes en la memoria, solicitamos el expediente completo de dicha adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema para estudiar posibles irregularidades”.

Por último, desde el sindicato se ha solicitado al Gobierno y en especial, a su presidente, que “recapacite y ordene de manera inmediata, la desinstalación de todas y cada una de las cámaras instaladas” ya que tal y como se ha informado desde CSI-F se verá en la obligación y el deber de denunciar dicha situación a la Agencia Española de Protección de Datos

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