(Ceuta) ► La Junta Docente propone diez medidas concretas para "mejorar el funcionamiento de colegios e IES"
08 de Febrero de 2014

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta (FECCOO, FETE-UGT, ANPE y CSI.F) ha hecho llegar esta semana por escrito al director provincial del Ministerio de Educación, Cecilio Gómez, su decálogo de “medidas concretas para mejorar el funcionamiento de los centros educativos”, un abanico de propuestas que reclama que los informes “relativos a la evaluación y grado de cumplimiento de los objetivos previstos en los Planes y Programas que desarrollan cada centro” se realicen “con motivo de la elaboración de la Memoria de fin de curso”.

Los sindicatos creen que con la aplicación de sus sugerencias se rebajaría la “insoportable” presión burocrática y administrativa que actualmente soportan y que les ha llevado a escribir una carta-manifiesto al ministro que han rubricado los directores de los 25 centros públicos de Ceuta. La propuesta de las centrales aboga porque las consultas sobre la documentación del centro se lleven a cabo por la Dirección Provincial a través del ‘Programa Alborán’ o “mediante comprobación directa por parte del servicio de Inspección” y porque la Administración se encargue de “elaborar y remitir a los centros” unas instrucciones sobre la documentación administrativa que deben cumplimentar “ciñéndose a la normativa vigente y ajustándose a las necesidades y a las posibilidades reales”.

La Junta Docente opina que la relación de cada centro con la Inspección debe canalizarse “única y exclusivamente a través del inspector de referencia asignado” y que las instrucciones a los centros deben ser dictadas “a través del Director Provincial”.

En la misma línea, se reclama “racionalizar las funciones de coordinación entre centros” de tal forma que el director provincial convoque las reuniones de directores; la Jefatura de Programas las cumbres relativas a ese ámbito; y la coordinadora del Servicio de Orientación los cónclaves de esos profesionales.

“La Dirección Provincial debe remitir a los centros, en un periodo prudencial, las conclusiones que se deriven de los informes solicitados”, reivindica el decálogo de la Junta Docente, que también solicita que la Dirección Provincial comunique en septiembre “un Plan económico cierto y concreto para cada centro en el que se haga constar las cantidades que percibirá por cada concepto y el calendario de ingresos”. “En caso de incumplimiento de los plazos de recepción de las partidas correspondientes”, propone la Junta, la Dirección Provincial debería dictar “por escrito” las decisiones a adoptar sobre la continuidad de los servicios afectados (comedor escolar, desayunos infantiles…).

Informe previos antes de aumentar las ratios

Para terminar se plantea que la Dirección Provincial dicte “las instrucciones pertinentes para desarrollar las actuaciones que afectan a los centros y que dependen de otras administraciones” y se encargue de exigir, cuando sea menester, “la dotación de personal y la aplicación de procedimientos que no supongan una carga excesiva del profesorado”.

Además, se sugiere que la Comisión de Escolarización “y en especial su órgano permanente” se comprometa a aplicar “criterios objetivos que serán remitidos a los centros para su conocimiento”. En aquellos casos en los que la Comisión de escolarización determine la escolarización de un alumno en un grupo que supere los 25 alumnos, debería “solicitarse previamente informe al director del centro sobre las circunstancias que pudieran concurrir”.

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