(Ceuta) ► La Ciudad decreta cinco categorías superiores, “incumpliendo la ley”
27 de Enero de 2014

CSI-F insta al Gobierno de Vivas a revocar los decretos y a depurar responsabilidades. El sindicato estudia acciones legales contra la Ciudad si no corrige de inmediato la situación

El presidente de la Administración Local de CSI-F en Ceuta, Antonio Noguera, ha presentado por Registro tres escritos dirigidos al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, la actual consejera de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Susana Román, y al director general de Recursos Humanos, Manuel de la Torre, en los que denuncia una presunta concesión unilateral de cinco categorías superiores por Decreto a personal adscrito en la Biblioteca Municipal, las cuales, al parecer, fueron firmadas por el consejero de Economía, Hacienda y RRHH, Emilio Carreria, quien se encuentra actualmente de baja médica.

Por ese motivo, desde CSI-F se ha solicitado un informe por escrito de la confirmación por Decreto de dichas categorías superiores y en su caso, copia del expediente completo de todas y cada una de ellas. Del mismo modo también se ha solicitado desde el sindicato una copia del acta del Consejo de Gobierno donde se motivó y autorizó dichas superiores categorías en cumplimiento de los artículos y disposiciones adicionales nombradas en los fundamentos en las Bases de Ejecución del presupuesto 2014, y finalmente, de haberse producido estos decretos, que se retracte de manera inmediata y depure responsabilidades sancionadoras, disciplinarias y políticas ya que, al no guardar los requisitos necesarios de convocatoria de mesa negociadora, aprobación del Consejo de Gobierno, y demás normativa, estaría incurriéndose no sólo en una situación nula de pleno derecho si no, en una ilegalidad manifiesta contraria al ordenamiento jurídico con posibles responsabilidades penales.

CSI-F se basa en varios fundamentos jurídicos para denunciar este presunto proceso ilegal. Así pues, el primer punto que destaca es la base 24 del vigente Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el que se impone la obligación de que “todos los actos y acuerdos que supongan incremento del Capítulo I, sea como consecuencia de aumento de retribuciones o de contratación de nuevos empleados, en la administración de la Ciudad y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, habrán de contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, previo informe de intervención”, así como en su Disposición Adicional Segunda de Control de los Gastos del Capítulo Primero transcribe en su último párrafo que “como medida extraordinaria y excepcional, durante el ejercicio presupuestario de 2014 no se podrá incluir en la nómina, hasta que no sean aprobados por el Consejo de Gobierno, los siguientes gastos: horas extraordinarias, jornadas partidas y especiales, atrasos y superiores categorías”.

Además, Antonio Noguera también destaca que el Acuerdo Regulador y el Convenio Colectivo de los Funcionarios y Personal Laboral de la Ciudad de Ceuta en su artículo 44 que aborda la reorganización y reestructuración en el trabajo recoge que “los proyectos de reorganización administrativa que impliquen modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los funcionarios, la Ciudad debe informar previamente a las centrales sindicales firmantes del presente acuerdo de los proyectos de cambios organizativos que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un servicio u organismo o reasignación de efectivos de personal”.


El presidente de la Administración Local de CSI-F en Ceuta insistió en que el Estatuto Básico del Empleado Público se recoge que “son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito”, además ambas partes, tal y como asegura Nogera, están obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación, y en el artículo 37 referente a Materias objeto de la negociación, existen varios apartados donde es clara la forma de actuar en estos casos ya que son objeto de negociación la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.

Finalmente, Noguera espera que la Ciudad responda a la mayor brevedad a estos escritos presentados, asegurando que el sindicatos no dudará en llevar a los tribunales al Ejecutivo.

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