(Ceuta) ► ¿Va a cambiar el control de las bajas laborales?
02 de Julio de 2013

El gasto en prestaciones por incapacidad temporal (5.830 millones previstos este año) –que se destina fundamentalmente a pagar a los trabajadores las bajas laborales por enfermedad– lleva varios años bajo control. Con descensos interanuales incluso superiores al 10%. Sin embargo, en épocas de vacas flacas esto puede no ser suficiente para quienes cuadran el Presupuesto.

El Gobierno, todavía no ha apretado bastante a los trabajadores, quiere acotar aún más este gasto. Para ello introducirá cambios en la futura ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, en cierta forma, dará más poder a los facultativos de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social a la hora de gestionar estos procesos de baja, según fuentes conocedoras de la intención del Gobierno.
Se tratará de incluir en esta futura ley “mejoras burocráticas”, que en ningún caso incluirán la principal demanda de las mutuas que es que sus facultativos puedan dar el alta médica de los trabajadores en los procesos de baja por enfermedad común; ya que en la actualidad solo pueden dictaminar este alta en las bajas producidas por un accidente laboral o enfermedad profesional reconocida.
La norma sí incluirá las citadas mejoras burocráticas. Uno de estos cambios podría no caer bien entre muchos facultativos del sistema público de salud, por cuanto les supondrá más trabajo y más responsabilidad sobre sus decisiones en materia de bajas laborales. Así, desde el Ejecutivo se está pensando en ampliar la rendición de cuentas por parte de los médicos de cabecera y especialistas del sistema público de salud a la hora de rechazar las propuestas de alta que les hacen los facultativos de las mutuas.

Combatir el silencio administrativo
Ahora, si a un médico de cabecera o a un especialista de los servicios regionales de salud le llega de una mutua una propuesta de alta de un trabajador que está de baja por una enfermedad común, estos facultativos tienen diez días para confirmar, denegar o guardar silencio sobre esa propuesta. Lo normal, según las fuentes consultadas es que opere el silencio administrativo y si el médico de la sanidad pública que debe dar el alta no contesta, el trabajador seguirá de baja.
Esto es precisamente con lo que quieren acabar los responsables de la Seguridad Social. Para ello, su intención es que la futura ley obligue a los facultativos del sistema público a considerar y justificar, en mayor medida que en la actualidad, porqué rechazan la propuesta de alta de la mutua.
No hay estadísticas oficiales sobre el número de altas propuestas por las mutuas a los servicios regionales de salud o al INSS, ni hay un seguimiento de qué ocurre con ellas. Si bien en el sector se manejan datos que indican que las mutuas proponen más de 140.000 altas de trabajadores cada año y de estas se calcula que como mínimo hay cerca de un 60% que “se quedan en el cajón” y ni siquiera se evalúan, según fuentes de la gestión sanitaria.
El Gobierno también podría estar estudiando acortar el plazo de diez días en los que los médicos del sistema público deben contestar a las mutuas, aunque en este punto hay problemas administrativos. También barajan, que la mutua pueda sustituir el actual parte de confirmación de bajas cada siete días, por su propio calendario de partes de confirmación en función de cada dolencia.

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