(Ceuta) ► Las empresas municipales prefieren ir a juicio antes que abonar la ‘extra’
16 de Febrero de 2013

Obimace, Amgevicesa y RTVCE rechazaron el acto de conciliación celebrado en la Delegación del Gobierno mientras que Acemsa optó por ni siquiera presentarse

Los sindicatos recibieron la negativa como respuesta al abono, al menos a la parte devengada, de la paga extra de navidad durante el acto de conciliación que ayer por la mañana se celebró en la Delegación del Gobierno. Tres de las cuatro empresas citadas, Amgevicesa, Obimace y RTVCE mostraron su negativa mientras que Acemsa optó por ni siquiera presentarse a la conciliación, por lo que los sindicatos han destacado que finalmente será el Juzgado de lo Social quien dicte sentencia.

Cuatro empresas municipales estuvieron llamadas ayer al acto de conciliación al conflicto colectivo presentado por las centrales sindicales para exigir la paga extra de navidad. Estas empresas eran Acemsa, Amgevicesa, Obimace y RTVCE, cuyos representantes debían presentarse en la Delegación del Gobierno para intentar alcanzar un acuerdo con el fin de no llegar a juicio.

Finalmente, tal y como dio a conocer a EL PUEBLO, el presidente de CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, todas las empresas se negaron a esta conciliación, incluso Acemsa, que estaba citada a las 9.30 horas, ni siquiera se presentó a este encuentro.

Tras esta postura adoptada por las empresas municipales, pese a que ya existen sentencias favorables a nivel nacional sobre este asunto, CSI-F ya ha anunciado que el proceso seguirá su curso y deberá ser en el Juzgado de lo Social el que determine cual de las dos partes tiene la razón.

A este respecto, Martínez ha recordado que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) dictó a finales del pasado mes de enero una providencia en la que dudaba de la constitucionalidad de la supresión de la paga de Navidad a los trabajadores del sector público decretada por el Gobierno en 2012. Del mismo modo también recordó que el 11 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a un departamento de la comunidad madrileña a abonar la parte de la paga que se había devengado desde el inicio de año hasta que se decretó su supresión en julio.

El presidente de CSI-F en Ceuta insistió en que “las gratificaciones extraordinarias son un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores y, según ya ha aclarado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo, se originan en el día a día y no en la fecha en que el trabajador la percibe. Por tanto, cuando se determinó que los funcionarios y personal laboral de las Administraciones no iban a percibir la paga extraordinaria, ya habrían adquirido el derecho a percibir una parte de ella”.

Martínez, destacó a EL PUEBLO que “las decisiones de ambos estamentos de la Administración de Justicia se basan en la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, que impide aplicar con carácter retroactivo medidas que recortan los derechos individuales”.

Por su parte, el presidente de CSI-F en el sector de la Administración Pública, Antonio Noguera, considera que “la retroactividad del decreto de recortes vulnera las garantías constitucionales, además de quebrar el principio de seguridad jurídica”.

Atendiendo a estos argumentos, los empleados públicos reclaman a la justicia que considere la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ajuste del pasado mes de julio. CSI-F junto al colectivo de empleados públicos, de manera paralela, solicita que se les devuelva la parte proporcional de la paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor del citado real decreto (el decreto entró en vigor el 15 de julio y la paga se empieza a devengar en junio), en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ha sido desatendida por el Gobierno.

Finalmente, Noguera reiteró su “irrenunciable voluntad de seguir defendiendo con la mayor firmeza los derechos e intereses profesionales de los empleados públicos, desde la movilización y las reclamaciones jurídicas y, también, desde las propuestas serias, el diálogo y la negociación, sin dejarnos arrastrar por las actitudes politizadas de los cómplices y corresponsables de esta grave situación que, de forma tan severa está afectando a los empleados públicos y ciudadanos en general”.

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