(Ceuta) ► El ajuste de la Administración Local se aplaza un año para auditarla
19 de Enero de 2013

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Gobierno aprobará el día 25 dará un plazo de un año para que las Administraciones locales se sometan a una auditoría que determinará cuáles de ellas se suprimen

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del día 25 de es te mes, dará un plazo de un año para que las diferentes Administraciones locales se sometan a una auditoría que será la que determine cuáles de ellas se suprimen y la redistribución de competencias. Los criterios a los que deberán responder las Administraciones locales en este examen de reválida serán los de la relación entre el coste y la calidad de los servicios, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la transparencia en la contabilidad y en la gestión.

Prestar servicios más baratos. Ese es el principio general que inspira la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del día 25 de este mes y que dará un plazo de un año para que las diferentes Administraciones locales se sometan a una auditoría que será la que determine cuáles de ellas se suprimen y la redistribución de competencias.

Aunque el texto del proyecto está ya prácticamente ultimado, el Ejecutivo quiere ampliar una semana más las negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el PSOE para conseguir el máximo apoyo a la reforma, aunque las posturas son todavía muy distantes y el acuerdo no parece que vaya a producirse.

En principio, y en contra del criterio inicial del Ministerio de Hacienda, que abogaba por eliminar las mancomunidades de municipios, el proyecto final que llevará al Consejo de Ministros, aplazará, a instancias de la FEMP, la supresión de instituciones hasta conocer los resultados de una auditoría, a la que deberán someterse todas las Administraciones locales, en el plazo de un año, para determinar los estándares de calidad y de los servicios que actualmente están prestando.

Los criterios a los que deberán responder las Administraciones locales en este examen de reválida serán los de la relación entre el coste y la calidad de los servicios, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la transparencia en la contabilidad y en la gestión.

Todas las Administraciones que no superen los estándares mínimos que fije el Gobierno del Estado dejarán de prestar los servicios “que pasarán a ser desempeñados por una administración superior”, en palabras de un responsable del Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro. Es decir, que los ayuntamientos que no aprueben la reválida cederán sus competencias a las mancomunidades, y éstas a las diputaciones o cabildos.

Sueldos y concejales

Este plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley hasta la realización de la auditoria obligará a aplazar hasta 2014 el cumplimiento de los objetivos más importantes de la reforma, como la racionalización de nuestro sistema de Administración local con la supresión de administraciones y de la duplicidad de competencias y servicios; además del recorte de una parte de los gastos que se pretendía.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha fijado en unos 3.500 millones de euros el ahorro en el gasto que se producirá una vez que se lleven a cabo las medidas de reforma que recoge el anteproyecto de Ley. Lo que de momento permanece en el proyecto es el recorte previsto tanto en el número de concejales como los sueldos que perciben los ediles y los alcaldes, aunque las negociaciones de última hora podrían modificar las cifras.

Respecto a los concejales, el objetivo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local es eliminar 20.240 de estos regidores municipales hasta limitar su número a 48.338 en toda España, frente a los 68. 538 que existen en la actualidad.

Además, el proyecto del Gobierno plantea también que el 75 por ciento de los concejales dejen de percibir sueldo, por lo que la nueva normativa fijará el número de concejales que en cada ayuntamiento podrán cobrar un salario por el desempeño de su función municipal. Los criterios para decidir el número de ediles profesionales se fijarán en función del número de habitantes de cada municipio.

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