(Ceuta) ► Los sindicatos se unen para sentar a la Administración en el banquillo
09 de Enero de 2013

Se preparará una sola demanda por cada ámbito de representación y será interpuesta por una persona en representación de todos los empleados públicos de ese entorno

Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de empleados públicos, compuesta por más de una treintena de entidades, presentarán denuncias de forma conjunta para reclamar la supresión de la paga extra de Navidad a todos los trabajadores públicos. Al presentar una sola reclamación, todas las organizaciones presentes en el plan podrán hacerse cargo de los costes judiciales y así evitarán un gasto innecesario a los trabajadores públicos.

La estrategia sindical diseñada contra el Gobierno durante este año 2013 no se detendrá en las protestas de la calle. Además de las numerosas manifestaciones contra las medidas del Ejecutivo, los sindicatos pretenden sentar a la Administración en el banquillo con un plan muy bien orquestado.

Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de empleados públicos, compuesta por más de una treintena de entidades, presentarán denuncias de forma conjunta para reclamar la supresión de la paga extra de Navidad a todos los trabajadores públicos.

Tal y como adelantaba ayer a EL PUEBLO, el presidente de CSI-F en Ceuta, Ricardo Mártínez, se preparará una sola demanda por cada ámbito de representación (Sanidad, Educación, administraciones...) y será interpuesta por una persona en representación de todos los empleados públicos de ese entorno.

Según Martínez, al presentar una sola reclamación, todas las organizaciones presentes en el plan podrán hacerse cargo de los costes judiciales y así evitarán un gasto innecesario a los trabajadores públicos, que tendrían que pagarlo por su cuenta si tuvieran que denunciar uno por uno la reforma”.

En el caso del personal laboral, los sindicatos recurrirán ante la Audiencia Nacional, puesto que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, mientras que los funcionarios, por su parte, tendrán que hacer esta reclamación a través de la vía contencioso-administrativa, tal y como ya adelantara hace más de un mes EL PUEBLO.

Las denuncias se realizarán contra los organismos que deberían haber pagado la “extra” en cada ámbito, es decir, en sectores como la educación o la sanidad en los que las consejerías son autonómicas se realizará una queja por cada comunidad con la crítica contra la decisión del Gobierno como telón de fondo. Por su parte, otro tipo de trabajadores, como los de los ministerios, tendrán que reclamar a nivel estatal, porque la competencia es de la Administración Central.

Extensión de sentencia

En el siguiente paso de la trama sindical, siempre y cuando alguna de estas denuncias consiguiera prosperar y ganar el recurso, lo que significaría que el reclamante logra cobrar la paga extra, sería que los organismos que constituyen la Plataforma pedirían a la Justicia la extensión de sentencia a todo el ámbito nacional.

Una vez conseguido esto, cada trabajador del sector que haya ganado la demanda debería pedir que se le ingresase la paga porque, según Martínez, “es igual un médico o un profesor en un lugar que en otro”.

Las demandas, aún en proceso de preparación, serán presentadas, previsiblemente, a finales de la próxima semana o principio de la siguiente en todos los órganos que deberían haber pagado la “extra” y no lo han hecho.

“Los plazos nos otorgan tiempo para ejercer nuestros derechos”

A este respecto, el presidente de CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, resaltaba que, tal y como ya había adelantado en alguna ocasión, “vamos a recurrir los efectos del Real Decreto de recortes.

Creíamos que era mejor hacerlo en unidad sindical, por lo que las asesorías jurídicas nacionales de los principales sindicatos (CSIF, UGT, CCOO) están celebrando reuniones con el fin de tomar acciones legales contra el recorte de la paga extra, para impedir su retroactividad (es difícilmente justificable que nos descuenten los 45 días desde el 1 de junio al 15 de julio); el no haber negociado ninguna de las medidas, suponiendo una variación sustancial de las condiciones de trabajo y otra serie de derechos conculcados cuyo recurso también será objeto de estudio. Buscamos una fórmula para que dicho recurso cause el menor trastorno y coste posible para los trabajadores. Los plazos nos otorgan tiempo suficiente para ejercer nuestros derechos. Por ello, sin prisa pero sin pausa, desde CSIF continuaremos defendiendo los intereses de los empleados públicos”, concluía Martínez.

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