(Ceuta) ► El Grupo Popular en el Congreso insta al Gobierno local a elaborar una RPT
01 de Noviembre de 2012

La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas le insta, además, a que “mejore los procedimientos de convocatoria, concesión y justificación de las subvenciones” y a que “proceda a la reducción del número de Organismos y Entidades”

El Grupo Parlamentario Popular realizó seis propuestas de resolución en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma, de sus Organismos y Sociedades por ella participadas, acordó dar una serie de resoluciones para el período 2002-2004. Entre ellas se encuetra la mejora del “sistema de control interno y los procedimientos de gestión aplicables con su personal, especialmente en lo concerniente a los diferentes conceptos retributivos y a la elaboración de su propia relación de puestos de trabajo”.

La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos autónomos y de las Sociedades Municipales por ella participadas, acordó dar una serie de resoluciones para el período 2002-2004, desde el mismo Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Entre las propuestas más destacadas es la mejora del “sistema de control interno y los procedimientos de gestión aplicables con su personal, especialmente en lo concerniente a los diferentes conceptos retributivos y a la elaboración de su propia relación de puestos de trabajo”. Precisamente, la RPT, ha sido el caballo de batalla de los sindicatos y, siempre, con excusas de todos los colores, el Ejecutivo, una tras otra, ha ido eludiendo una exigencia que ahora se le formula desde su propio Grupo Parlamentario en el Congreso. La regularización de los diferentes conceptos retributivos es otra asignatura pendiente.

Otro punto destacable, es el que se insta al Gobierno de la Ciudad a que “mejore los procedimientos de convocatoria, concesión y justificación de las subvenciones otorgadas, incluyendo la aprobación de las correspondientes bases reguladoras y convocatorias públicas y la exigencia de la oportuna justificación. En particular, se insta a elaborar y aplicar un plan sistemático para el seguimiento del uso de las viviendas subvencionadas en los programas de ayudas a la vivienda protegida y a la rehabilitación de edificios”.

En una palabra: se piede evitar la arbitrariedad a la hora de subvencionar a éste o aquél, a evitar los favoritismos, los tráficos de influencias o el amiguismo pernicioso. En cuanto al seguimiento del uso de las viviendas subvencionadas en los programas de ayuda a viviendas protegidas, lo que trata de señalar es que se constate quienes hacen un mal uso de este beneficio y que se destape el fraude de quienes tienen estas viviendas alquiladas pese a figurar de titulares beneficiados por la necesidad de vivienda. O quienes no las ocupan, porque ya tienen otra y no la precisan.

Además, el mismo Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone que se regularicen los inventarios, incluyendo el registro de todos los bienes y derechos recibidos del Estado en el proceso de transferencias de competencias y los Organismos y Entidades, dependientes de la Administración de la Ciudad. De hecho, el área de Patrimonio debería haber llevado este proceso que se le reclama como una obviedad y que demuestra una negligencia que debería hacer innecesaria esta intervención con “tirón de orejas”. Una forma de decir, con diplomacia, que no se han hecho los deberes.

En otro capítulo se indica que “proceda a la reducción del número de Organismos y Entidades que constituyen su administración institucional, incluyendo la extinción definitiva de las sociedades mercantiles “TeleCeuta S.A.” y HeliCeuta S.A., así como su liquidación ordenada del Patronato de Viviendas “San Daniel”. ¿Desde cuándo no está operativa Tele-Ceuta, tras los contenciosos que soportó aquél invento de Juan Luis Aróstegui y el PSPC? En 1.991 Francisco Fraiz Armada certificó su defunción y ya nunca más se supo, salvo algún que otro contencioso judicial.

Otro asunto que el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso indica como de obligado cumplimiento al Ejecutivo local es que “adopte las medidas para que se lleve a cabo, para el conjunto del sector público ceutí, la rendición de sus cuentas en plazo y con integridad de los documentos que deben conformarlas, evitando los retrasos con que se han rendido en los últimos ejercicios”, es decir, que como ya se ha expuesto en más de un Pleno, el cierre de los ejercicios se produce tarde, fuera de plazo y no siempre bien, como la propia recomendación apunta (“con integridad de los documentos que deben conformarlas”),

Por último, también se indica a la Ciudad que “registre en sus cuentas de inmivilizado la totalidad de los bienes y derechos recibidos en cesión o en adscripción, así como los elementos que forman partes del Patrimonio Municipal del Suelo y de su Patrimonio histórico-artístico”

Ver Galería