(Ceuta) | EL FUNCIONARIO, GARANTÍA DE UNA ADMINISTRACIÓN SUJETA A LA LEY.
21 de Marzo de 2012

La estabilidad del empleado público es garantía de independencia, de neutralidad, de compromiso con una administración ética por y para el interés general; es garantía contra la corrupción y para la estabilidad del Estado de Derecho porque le corresponde velar para que la Administración funcione sometida a la Ley, evitando la arbitrariedad y el abuso de poder.



Parece que nuestro ministro de AAPP, además de Hacienda, tiene un concepto muy pobre de los empleados públicos que representa políticamente. Ayer dijo que “los funcionarios tienen que ganarse su puesto como todos los españoles”.

Así nos lo ganamos, como todos los españoles, excepto los de la casta política y sus clientelistas favorecidos por sus derrochadoras actitudes amiguistas. Los empleados públicos con esfuerzo, pundonor, vocación, generosidad… hacen, cada día, el milagro, de que fundamentales servicios públicos funcionen, a pesar de la incapacidad y las prácticas poco ejemplares, hay sobrados ejemplos, de los responsables políticos.

¿Podría decir esto mirando a la cara a tantos trabajadores que cada día, abnegadamente, dan lo mejor de si mismos para que la ciudadanía tenga el mejor servicio posible?; piense, por ejemplo, que el 43% de este colectivo son profesores o sanitarios; ¿no le parece que se ganan el puesto cada día?, y lo mismo podríamos decir de otros colectivos.

Dice también nuestro Ministro que “hay que cambiar el concepto equivocado de la Función Pública en el sentido de creer que quién saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo seguro”.

El empleado público se gana el puesto día a día y está sometido a un Régimen Disciplinario, recogido en el Estatuto de la Función Pública, donde se contemplan sus derechos y deberes, que obliga y orienta su trabajo diario; no hace lo que quiere ni cree que lo tiene todo hecho.

El 40% de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad y todos accedemos al empleo público por la puerta de una oposición, abierta a todos los ciudadanos, regida por los principios de mérito, capacidad e igualdad, mientras que sus cargos, asesores y “acogidos” no necesitan aprobar nada, ni siquiera tener una formación o cualificación adecuada. Hasta hemos tenido ministros y ministras pobremente formados.

Sólo es preciso que les designe el dedo político y, además, disfrutan de generosos sueldos, de vergonzosa comparación con los mileuristas de los empleados públicos, que arrastran una inaceptable y abusiva pérdida de poder adquisitivo. Hay registros que la cifran, por ejemplo, en el 42% entre los 1982 y 2007, o en el 35% entre los años 1992 y 2011. Es injusto que siempre se quiera hacer pagar a los mismos, a los trabajadores; que paguen los culpables por su desastrosa, cuando no prevaricadora, gestión, que son los que nos han llevado a esta crítica situación.

¿Qué pretende el ministro con este ataque a la estabilidad del empleo público?. Quizá los que sobran son los que “meten la mano” que no son, precisamente, los trabajadores públicos; ahí están los ejemplos.

La estabilidad del empleado público es garantía de independencia, de neutralidad, de compromiso con una administración ética por y para el interés general; es garantía contra la corrupción y para la estabilidad del Estado de Derecho porque le corresponde velar para que la Administración funcione sometida a la Ley, evitando la arbitrariedad y el abuso de poder.

No queremos retroceder a aquel drama decimonónico de las cesantías que, en cada cambio de gobierno, expulsaba a los funcionarios de sus puestos para sustituirlos por otros afines, sin importar su preparación, como pasa con los actuales cargos a dedo, con evidente daño a ese Estado de Derecho que queremos tener, que nos hemos dado. La estabilidad fue un avance que se incorporó en el Estatuto de 1918 y que está dando buenos resultados; no caminemos, ministro, hacia posiciones afortunadamente superadas.

La incorporación de funcionariado a los más altos ámbitos de la Administración, reservando a los gobernantes la responsabilidad de dirigir políticamente, además de un sustancial ahorro en cargos, puestos, asesorías…, sería garantía de una Administración independiente, profesional, eficaz y moderna, funcionando ajustada siempre al imperio de La Ley.

21 demarzo de2012

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