Existen diferencias de hasta el 63% en gasto educativo por alumno según las Comunidades Autónomas
- CSIF analiza con el PP la necesidad de abordar la homologación del currículo y las diferencias en inversión educativa para luchar contra las diferencias autonómicas en el nivel educativo y de condiciones laborales de los docentes.
- El sindicato reclama al PP, dentro de su ronda de contactos con los partidos, que desarrolle las competencias estatales en la Educación y que incluya en su programa el Estatuto Docente.
19 de Marzo de 2019

Las faltas de acuerdos globales en Educación han llevado, por la dejación de funciones de los diferentes Ministerios de Educación de los últimos años, a que las Comunidades Autónomas regulen sin normas básicas que lo limiten cuestiones que corresponden regular al Gobierno central, como garante de la igualdad del derecho a la Educación. Las diferencias en inversión educativa, condiciones laborales de los docentes, currículos o en el ingreso a la función docente con el requisito de la lengua autonómica, han incidido en diferencias en la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado en los diferentes territorios.

Estas faltas de evaluación nacional a las políticas educativas autonómicas se ven en todas las facetas. Por ejemplo, el 75 por ciento de los inspectores educativos en Cataluña (el Cuerpo de funcionarios públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y los deberes en la enseñanza y velar por la calidad y equidad educativa en España) están nombrados por la propia Generalitat mediante bolsas de inspectores accidentales que gestiona esta Comunidad Autónoma.

Y es que, tal y como se desprende de los datos, algunas Comunidades Autónomas han hecho dejación de responsabilidades a la hora de convocar oposiciones, en algunos casos para introducir a personas afines en el Cuerpo de inspectores y en el caso de Cataluña, directamente para que defiendan los criterios autonómicos en los libros de texto y en el uso de la lengua castellana, por debajo incluso de lo que marca la ley educativa.

Esto supone, en definitiva, que los cargos directivos estén sujetos al mando político, pues los inspectores realizan las evaluaciones de los proyectos de dirección, que son vinculantes para ocupar dichos cargos.

CSIF también plantea un desarrollo normativo que defina claramente las competencias que marca la Constitución y que las Comunidades Autónomas, lideradas por el Ministerio, desarrollen un currículo básico con nivel homólogo, que evite las diferencias.

CSIF valora que el Partido Popular incluya en su programa electoral una norma para evitar que el conocimiento del idioma cooficial sea un requisito excluyente a la hora de acceder a un empleo público, sino simplemente como un mérito. CSIF considera que al menos se debería considerar como requisito, una vez que se haya incorporado la persona a la plaza en igualdad de condiciones y dando un plazo de dos años para adquirir el conocimiento de la lengua requerido.

Para CSIF también es fundamental relanzar la negociación en la Mesa Sectorial del Ministerio y poner en marcha el paralizado Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y modernizar el modelo de pruebas), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social.

Asimismo, desde CSIF se reclama una nueva Ley Orgánica de Educación, a través de un Pacto de Estado. Esta Ley debe fundamentarse en: potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas, así como otras reivindicaciones históricas de CSIF, como el Bachillerato de 3 años. Cualquier reforma educativa tiene que partir del profesorado y debe negociarse con sus representantes.