(Ceuta) ► CSI-F y el resto de sindicatos llaman a la movilización en el Registro Civil para detener ‘in extremis’ su privatización
18 de Febrero de 2014

Preparan una contestación social y medidas de presión en varios ámbitos contra una medida que mercantiliza el Registro y pone en peligro 3.500 empleos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, y el resto de las organizaciones con representación en este ámbito hicieron hoy un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir ‘in extremis’ que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro Civil.

Las organizaciones con representación en la Justicia acordaron esta misma mañana intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días, comenzando por la convocatoria de una concentración los jueves de cada semana en las puertas de los registros civiles de toda España.

Si el Ministerio no se aviene a dialogar, desde CSI-F no escatimaremos ninguna medida de presión, con toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra representación entre los funcionarios de la Justicia. Las empleadas y empleados públicos no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de su puesto de trabajo.

Mientras se produce la respuesta del Ministerio, al que se le ha solicitado una reunión urgente aún sin respuesta, CSI-F va a promover una contestación en todos los ámbitos de la sociedad civil. Para ello, ha iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etcétera), así como con los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista mañana mismo le preguntará al Ministro “si le queda algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos”.

También se va a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz.

Asimismo, a lo largo de los próximos días se va a iniciar una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos, así como una recogida de firmas contrarias al proyecto.

Carta a los Registradores

CSI-F también va a tratar de que los Registradores de la Propiedad reconsideren este proyecto. En una carta dirigida al Decano del Colegio de Registradores, CSI-F le recuerda que la Asamblea General de Zaragoza que organizó esta institución condicionó la asunción de competencias a la financiación pública, la existencia de consenso parlamentario y consenso social sobre el nuevo modelo.

Pues bien, le hemos hecho llegar al Sr. Aguilera que ese consenso no existe y, en gran parte, porque el Ministerio de Justiciano se ha dignado a contestar a las propuestas alternativas presentadas por CSIF y otros sindicatos y asociaciones.

Por este motivo y además porque los acuerdos de la Asamblea General de Registradores son vinculantes le hemos exhortado a que rechace la posibilidad de asumir las funciones de Registro civil.

Y todo ello porque la privatización del Registro civil supone:

  • un despilfarro de medios materiales (182 millones de euros en digitalización que se van a regalar y varios millones del INFOREG que se perderán),
  • un despilfarro de la experiencia y formación de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil,
  • un despilfarro del potencial de estos funcionarios para asumir los retos de la necesaria modernización del Registro civil.


CSIF hace un llamamiento a la concienciación de todos los funcionarios de Justiciasobre la trascendencia que para sus condiciones de trabajo va a suponer la privatización del servicio y que afectará a los concursos de traslados, provocará despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de nuestras funciones y pérdida de características esenciales lo que abre la puerta a más cambios e imposiciones en nuestro estatuto jurídico.

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