CSIF denuncia la inacción de la Conselleria de Justicia contra los casos de violencia machista dentro de las prisiones catalanas
20 de Julio de 2021

CSIF denuncia la inacción de la Conselleria de Justicia contra los casos de violencia machista dentro de las prisiones catalanas

Nuevo episodio de violencia sexual contra una funcionaria en el Centro Penitenciario de Mas d’Enric

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia la carencia de actuación por parte de la Consellería de Justicia contra los casos de violencia machista dentro de las prisiones catalanas. Esta omisión de actuación y falta de medidas preventivas y sancionadoras contundentes provoca un nuevo caso de acoso de violencia sexual.

Ayer por la tarde, un interno del Centro Penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), habiendo sido avisado de la apertura general de celdas -que obliga a los internos a abandonar éstas-, se quedó dentro de la celda completamente desnudo para esperar a que la funcionaría llegara mientras se masturbaba y así provocar un enfrentamiento directo con ella y poder menoscabar su dignidad como trabajadora y como mujer. Este interno ya ha tenido otros enfrentamientos con trabajadoras del centro que constan en su expediente y que consisten en atentados sistemáticos contra la dignidad de las mujeres, con insultos y actos vejatorios como los que desde el sindicato denuncian hoy.

Ya en 2019, la Generalitat de Cataluña aprobó un protocolo pionero para multar con sanciones de hasta 10.000 euros conductas como el exhibicionismo obsceno, la masturbación o el acorralamiento con fines sexuales y otras conductas que impliquen una vejación sexual y/o conductas que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, en determinados ámbitos como el ocio nocturno. De esta forma se intentaba penalizar conductas de acoso sexual que no están previstas en el Código Penal, aunque se tipifiquen en otras normativas.

Según reza la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, y en la pagina del Ministerio del Interior de Cataluña, “la violencia sexual comprende cualquier acto que atente contra la libertad sexual y la dignidad personal de la mujer creando unas condiciones o aprovechándose de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin tener el consentimiento ni la voluntad de la mujer, con independencia del vínculo que exista entre la mujer y el agresor o agresores”.

Esta misma Ley define la violencia psicológica como “toda conducta u omisión que produce en una mujer una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, vejaciones, menosprecio, desprecio, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad” y alerta de la “diligencia debida” como “la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas legislativas y de cualquier otro orden para actuar con la agilidad y eficiencia necesarias y asegurarse de que las autoridades, el personal, los agentes, las entidades públicas y los demás actores que actúan en nombre de estos poderes públicos se comporten de acuerdo con esta obligación, en orden a prevenir, investigar, perseguir, castigar y reparar adecuadamente los actos de violencia machista y proteger a las víctimas”.

Así, deberíamos preguntarnos qué sucede en las prisiones catalanas. Los últimos acontecimientos, denunciados por CSIF, reflejan, claramente, la violencia sexual y psicológica a la que están expuestas cada día las funcionarias penitenciarias en el ámbito laboral y la falta de diligencia debida por parte de la Administración catalana.

Desde CSIF declaran que “la inacción de la Administración ante este tipo de agresiones y acoso, y la falta total de protocolos antisexistas y machistas hacen que estos episodios se conviertan en algo frecuente por parte de los internos frente a las funcionarias”.

CSIF exige a la Generalitat protocolos de actuación, contundencia ante estos actos y que la Administración de Justicia abra diligencias a los acosadores/agresores.