CSIF denuncia que el Departamento de Justicia incumple los acuerdos de transporte con los funcionarios del CP Puig de les Basses
11 de Enero de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en Instituciones Penitenciarias, denuncia que el Departamento de Justicia de la Generalitat incumple los acuerdos de transporte con los trabajadores del Centro Penitenciario Puig de les Basses en Girona.

Con motivo del cierre del CP Girona en el año 2014 y posterior traslado forzoso de parte de la plantilla al nuevo CP Puig de les Basses, a más de 45 km de distancia, el Departamento de Justicia firmó un acuerdo con los sindicatos representativos del momento para regular las condiciones de transporte de los funcionarios para llegar a sus nuevos puestos de trabajo.

A pesar de los inconvenientes que supone un traslado forzoso a muchos kilómetros de distancia para sus trabajadores, la única concesión que el Departamento de Justicia hizo a éstos, después de años de servicio en el centro de trabajo en el que habían ganado su destino, fue poner a su disposición un servicio de transporte gratuito mediante un minibús.

Cuatro años después del cierre del CP Girona, el Departamento de Justicia incumple ese acuerdo firmado con los sindicatos al dejar de prestar el servicio de transporte a sus trabajadores trasladados forzosamente, aludiendo razones económicas. Unas razones económicas que no impiden pagar el mantenimiento de piscina, gimnasio o teatro para la población reclusa, salarios mensuales a los internos por realizar servicios que deberían formar parte de sus obligaciones diarias o el gasto que supone organizar barbacoas u otros actos festivos.

Dado que entre los usuarios de este servicio se encuentra personal que no dispone de vehículo propio, desde la Dirección General de Servicios Penitenciarios han sugerido que se utilice transporte público, manifestando la posibilidad de estudiar el pago del mismo posteriormente.

Los centros penitenciarios de nueva construcción se encuentran alejados de núcleos urbanos, por lo que para acceder a ellos deben combinarse dos medios de transporte con un coste aproximado de 50 euros por jornada de trabajo (un primer trayecto en tren de aproximadamente 5€ y luego un trayecto de la estación al centro, en taxi, con un coste de unos 20€). Asimismo, la disponibilidad de horarios de estos medios de transporte no coincide con el inicio y final de las jornadas de trabajo, lo que distorsiona enormemente la asignación de servicios de vigilancia del interior del centro penitenciario.

Por ello, los funcionarios afectados han sido autorizados verbalmente a modificar temporalmente su jornada de trabajo para poder adaptarla a los horarios del transporte público, pero el hecho de que desde la Subdirección General de Recursos Humanos no autorice esa modificación por escrito los deja en una situación de indefensión jurídica ante cualquier discrepancia.

Por otra parte, se pretende que la diferencia horaria que supone esta modificación de jornada sea asumida por los trabajadores, cuando en realidad la misma es ajena a ellos al estar ocasionada por el incumplimiento de un acuerdo por parte de la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

Por todo ello, CSIF exige el cumplimiento del acuerdo firmado, que se facilite a los trabajadores el transporte al centro y que la diferencia horaria que supone la modificación de jornada sea asumida por la Administración.