CSIF exige que la Generalitat traslade, en los mismos términos, la resolución del Gobierno Central para los empleados públicos con motivo del coronavirus
12 de Marzo de 2020

CSIF exige que la Generalitat traslade, en los mismos términos, la resolución del Gobierno Central para los empleados públicos con motivo del coronavirus

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige que la Generalitat traslade, en los mismos términos, la resolución del Gobierno Central para los empleados públicos con motivo del coronavirus.

El pasado 10 de marzo de 2020, el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública emitió una "resolución de medidas a adoptar en los Centros de Trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del Covidien-19" donde marcaba claramente las medidas a aplicar a los empleados públicos del Estado que estén en situación de aislamiento y aquellos que sufran el cierre de centros educativos y personas mayores. CSIF pidió a Función Pública que, simplemente, debían traducir al catalán esta resolución porque protegía a los trabajadores públicos ante una emergencia como la del coronavirus.

Nuestra sorpresa fue cuando la Administración catalana se sacó de la manga la "Instrucción 2/2020, de 11 de marzo, sobre medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 ". Esta instrucción, publicada a las 21:30 del 11 de marzo, no se limita a traducir y trasladar la resolución del Gobierno Central sino que es mucho más restrictiva.

La resolución del Estado dejaba clara que los empleados públicos en situación de aislamiento percibirán el cien por cien de sus retribuciones en calidad de enfermedad profesional. En cambio, la instrucción catalana sólo se compromete a asimilarla a una especie de "enfermedad común" y deja en manos de cada departamento "la elaboración de un plan de contingencia", o sea, que cada consejería y dirección general tire por su cuenta. CSIF exige unos criterios unificados para todos los Departamentos tal como hace la resolución estatal.

La indignación de CSIF ha sido mayúscula cuando en el punto 3.9 de la mencionada instrucción sobre "medidas en el supuesto de cierre de centros educativos o de atención a personas en la calle", las medidas de flexibilidad horaria "tendrán carácter de recuperables en el plazo máximo de 6 meses ". Cabe recordar que, según las últimas informaciones de la Generalitat, a partir del lunes, 16 de marzo de 2020, parece que se decretará un cierre de todos los centros educativos. El Estado había dejado claro que los trabajadores públicos que deban quedarse en casa para hacerse cargo de sus hijos menores de edad o personas mayores se asimilarían a "un deber inexcusable" y no tendrá carácter recuperable.

CSIF pide a la Generalitat que se considere como deber inexcusable el cuidado de hijos y personas mayores por el cierre de sus centros y no se tengan que recuperar. Además, nuestra organización sindical encuentra inaceptable que se deje en manos de cada departamento la concreción de esta flexibilidad en un plan de contingencia, ya que deja al trabajador público en una situación de ambigüedad.

La Administración catalana lo tenía muy fácil: sólo tenía que copiar literalmente la resolución estatal. En cambio, con nocturnidad y alevosía, nos han restringido unas medidas de flexibilidad. De esta manera, el gobierno catalán "agradece" el esfuerzo de los trabajadores públicos de la Generalitat, colectivo al que todavía se le ha de abonar el 60% de la paga extraordinaria de 2013, la totalidad de la paga de 2014 y toda una serie de derechos laborales confiscados durante la crisis.

Desde CSIF exigimos una rectificación inmediata de la Instrucción 2/2020 por parte de Función Pública y llamamos a la calma y la responsabilidad ante la pandemia de los coronavirus.