Los registradores acusan al Govern de marginar a parte de Cataluña
04 de Octubre de 2016

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/04/57f37e21ca474112538b457e.html

  • MARIA TERESA COCA

Ante la previsible decisión de que hoy el secretario de Hacienda comunique al decano de los registradores de la propiedad de Cataluña la decisión del Govern de rescindir el convenio que garantiza la gestión de una parte de los tributos cedidos, a su vencimiento en octubre de 2017, el cuerpo de funcionarios técnicos denuncia el coste que tendrá para la Generalitat desmantelar el sistema de cooperación que lleva años operando.

El decano del Col·legi de Registradors de la Propietat Luis Alfredo Suárez advierte de que el mapa de distribución de las nuevas quince oficinas que tiene previsto abrir la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) en ningún caso cubrirá la totalidad del territorio catalán, con el agravio de que quedarán «desiertas tributariamente» las zonas de la Cataluña norte y central y ciudades «con importante volumen administrativo como L'Hospitalet de Llobregat o Vilanova i la Geltrú». Suárez alerta de que con este «repliegue» la ATC pasará de 55 puntos de recaudación a sólo 15, ya que además los acuerdos que la administración catalana quiere cerrar con los ayuntamientos distan mucho de tener la misma capacidad gestora que las oficinas de los registradores «porque la administración local sólo ejercen de oficina buzón» y porque en estos momentos únicamente cuentan con la predisposición de los consistorios de Barcelona y Sabadell. «El ciudadano quedará desatendido», insiste y recuerda que dada la intención del Govern de tener lista toda la estructura en el plazo de nueve meses cuentan con «un tiempo escaso, el sistema va a cojear».

Toda esta planificación conllevará, en opinión de los registradores, «desestructurar fiscalmente el territorio» y restar «eficacia» al sistema recaudatorio y sancionador, de control del fraude. «El coste real de la renuncia al convenio podría llegar a generar un impacto negativo en el presupuesto de la Generalitat de unos 100 millones de euros anuales» porque, añade Suárez, las sinergias derivadas del conocimiento acumulado en las Oficinas Liquidadoras con los registros de la propiedad permite, a modo de filtro, detectar irregularidades. En este sentido, el Col·legi de Registradors cifra en unos 350.000 el número de documentos anuales susceptibles de revisión que «se escapan» al control de las oficinas gestoras de la ATC. Suárez también habla de «eficiencia» por cuanto según sus datos sólo el 7% de las liquidaciones giradas por las oficinas liquidadores son impugnadas, mientras que las emitidas por la ATC son recurridas en el 22% de los casos.

El Col·legi de Registradors defiende la continuidad del convenio, como se decidió en País Vasco donde hay establecida una Hacienda propia «sin ningún problema», porque hay «eficacia, eficiencia y no somos caros, llevamos 150 años ejerciendo nuestra funciones y desde 1983 asumimos la gestión de dos tercios de los impuestos cedidos la tasa por transmisiones patrimoniales y de sucesión, el 9% del presupuesto de la Generalitat», indica su decano.

En su última comparecencia parlamentaria, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, cifró en 17 millones el ahorro del coste que se generará con la ruptura del convenio argumentando que ahora los presupuestos contabilizan un gasto de 37 millones -de los que 25 corresponden al pago a los registradores- y la ejecución directa desde la ATC valdría sólo unos 20 millones.

Respecto a la «oferta» del Govern de que los registradores puedan incorporarse al cuerpo de funcionarios de la Generalitat, Suárez insiste en que «se sienten desprotegidos» porque no sólo habrá que pasar «de nuevo» un concurso público, sino que una vez superado la plaza que se consiga será para un puesto de trabajo interino, con un sueldo inferior, y en casi todos los casos implicará un traslado de residencia al no mantenerse abiertas todas las oficinas liquidadoras. De ahí que el cuerpo de registradores esté dispuesto a lanzar una propuesta al Govern para que se renueve el convenio, con las mismas u otras condiciones que minimicen el coste del servicio y que aumenten el número de prestaciones laborales. «El margen es estrecho pero podría haber una contraoferta», señala Suárez, que admite que el cierre de las oficinas liquidadores supondrá en algunos casos la eliminación de puestos de trabajo.