CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Ada Colau vulnera el ordenamiento jurídico que ampara a la Guardia Urbana de Barcelona
31 de Enero de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el Ayuntamiento de Ada Colau vulnera el ordenamiento jurídico que ampara a la Guardia Urbana de Barcelona y se “extralimita” en sus capacidades normativas modificando, a su antojo, el procedimiento 9/18 sobre armas, herramientas de uso policial y galerías de tiro sin ostentar la capacidad legislativa oportuna. Así, la alcaldesa intensifica su persecución a la Guardia Urbana de Barcelona (GUB).

El Decreto 219/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de armamento de los policías locales, aprobado por la Generalitat, establece en sus artículos 23 y 24 que las revisiones médicas y psicotécnicas a los miembros de las plantillas de policía local se realizarán, como mínimo, cada dos años.


c) La Inspección Médica podrá requerir, en cualquier momento y a cualquier miembro del cuerpo de Guardia Urbana, 
la realización de pruebas psicotécnicas y/o médicas adecuadas destinadas a la detección de patologías físicas o psicológicas,
 así como de adiciones al alcohol y/o sustancias estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas que pueden
 constituir motivo por la intervención preventiva del arma de fuego reglamentaria. En este caso, la Inspección Médica
 determinará qué pruebas se tendrán que practicar y el lugar donde se llevarán a cabo para valorar los resultados.
 
La negativa a someterse a estas pruebas requeridas por la Inspección Médica se considerará como una falta disciplinaría
 prevista en la Ley 16/1991, de 10 de julio de las policías locales.
 
d) Si de las pruebas practicadas resulta la detección patologías físicas o psicológicas, así como de sustancias 
estupefacientes, drogas tóxicas, alcohol o sustancias psicotrópicas en aquellos miembros del cuerpo titulares de 
una arma particular guiada con licencia A y que comportaran la intervención preventiva del arma reglamentaria, 
desde la Oficina del Servicio de Armas de Guardia Urbana se comunicará este hecho a Intervención de Armas de la 
Guardia Civil a los efectos oportunos.
 

Por ello, CSIF, una vez analizada la modificación del procedimiento operativo por sus servicios jurídicos, denuncia que “se vulnera el principio de legalidad, dejando en absoluta inseguridad jurídica a los empleados públicos de la Policía de la Guardia Urbana”.

“La Jefatura de la Policía Guardia Urbana no puede regular por procedimientos operativos ni por notas informativas, derechos u obligaciones de los empleados públicos, que deben estar reservadas al poder ejecutivo de las diferentes Administraciones (Estado, Autonómica y Local). Cualquier procedimiento operativo o nota informativa, debe ampararse en normas legislativas vigentes, pero nunca equipararse abarcando ámbitos de carácter reservado”.

“El Intendente Mayor Jefe de la GUB, Evelio Vázquez, amparado por el Ayuntamiento de Barcelona, se extralimita en sus capacidades normativas de gestión, no teniendo en cuenta el principio de jerarquía normativa y de legalidad, vulnerando, de esta manera, el ordenamiento jurídico que ampara a los empleados públicos”. A su vez “no solo se extralimita a realizar pruebas sobre la segunda arma de defensa personal autorizada por este Real Decreto para las policías, sino que pretende transferir datos privados a otra administración y vulnerar la Ley de Protección de Datos al transferir informes médicos, resultados de pruebas psicotécnicas, resultados de análisis de sangre, orina, etc”.

Por ello, CSIF solicita “un informe jurídico sobre esta modificación que emane de la Secretaria Municipal, al efecto de dar seguridad jurídica a los empleados públicos de la Policía de la Guardia Urbana de Barcelona, depurar responsabilidades y que la modificación del procedimiento operativo sea anulada de pleno derecho”.

Además CSIF, después de haber estudiado el caso con sus servicios jurídicos y concluir que el Intendente Mayor Jefe de la Policía de la Guardia Urbana podría haber incurrido en una falta disciplinaria, requiere “la apertura de una información reservada para que lo determine y, de confirmarse el hecho, se le aplique el régimen disciplinario conforme a lo dispuesto en el Decreto 179/2005, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento del régimen disciplinario aplicable a los Cuerpos de Policía Local de Cataluña”.

(Se adjunta escrito presentado ante el Ayuntamiento de Barcelona y la publicación del Procedimiento Operativo núm. 09/19 de fecha 23 de enero que modifica el procedimiento 9/18 sobre armas, herramientas de uso policial y galerías de tiro.)