La hacienda catalana deja en el limbo a 300 empleados de empresas liquidadoras
02 de Mayo de 2016

CronicaGlobal

El Gobierno catalán quiere rescindir el convenio que actualmente mantiene con los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar determinados tributos y que, en 2013, evitó el colapso, dado que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) no podía dar abasto en la revisión de expedientes.

Sin embargo, el proyecto de independencia fiscal que pretende el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, obliga a prescindir de esos servicios, especialmente después del acuerdo firmado entre la Generalitat y las cuatro diputaciones provinciales, según el cual, serán esas administraciones supramunicipales las que gestionen los impuestos que ahora tramitan los registradores, cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia. El último convenio suscrito con este colectivo --que supone un pago anual de 20 millones de euros-- finaliza en 2017, pero Junqueras ha anunciado que quiere revisarlo porque entiende que no tiene encaje en la futura hacienda catalana.

Centro de Comprobación Integral

En base a ese acuerdo de externalización, las 53 oficinas del cuerpo de registradores gestionan los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en Cataluña. Gracias a esta colaboración, en 2013 se evitó el colapso, dado que la ATC no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona.

Por ello, se creó el Centro de Comprobación Integral, con sede en el Decanato autonómico de los Registradores, que permitió comprobar miles de expedientes correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014. Gracias a esta intervención, se evitó la prescripción de muchos expedientes.

Convocatoria de concurso

Actualmente, unas 300 personas trabajan en las oficinas liquidadoras dependientes. Junqueras se ha comprometido a absorber a estos trabajadores mediante la convocatoria de un concurso, pero según ha informado el sindicato CSIF, este colectivo teme perder los derechos adquiridos y su antigüedad.

La plataforma sindical reclama el mantenimiento del convenio pues, según recuerda, las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la ATC no han sido cubiertas. Destacan que, gracias a estos profesionales cualificados y con experiencia, se han podido revisar el 100% de los documentos de su competencia.