Reclaman a la Generalitat un protocolo para prevenir agresiones a empleados públicos
03 de Abril de 2016

Si hace un año la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció que las agresiones físicas y verbales a empleados de las oficinas de atención a la Administración pública en España habían aumentando durante los años de crisis, este sindicato reclama ahora que Cataluña sea pionera en establecer un protocolo de actuación ante estas situaciones de riesgo. El pasado miércoles, el delegado de prevención de CSIF-Presons y el coordinador de prevención de CSIF en Cataluña se reunieron en Barcelona con el grupo de trabajo de la Comisión Paritaria que trata el tema de las agresiones a empleados públicos y que está formada por los sindicatos representativos y el responsable máximo del área de prevención de la Función Pública en la administración catalana. En este encuentro, los representantes del CSIF reclamaron la creación de un protocolo marco para unificar todos las actuaciones preventivas para evitar las agresiones a empleados públicos en la Generalitat. En concreto, consideran que todos aquellos trabajadores que hacen «un servicio o tarea finalista» son susceptibles de recibir actos violentos.

Pese a reconocer que algunos departamentos de la Generalitat, como Governació, Empresa i Ocupació o Justícia, tienen un protocolo de agresiones, desde el sindicato se quiere crear un acuerdo marco a partir de las experiencias, estadísticas e informaciones recogidas durante los últimos años respecto a los ataques a trabajadores penitenciarios. Consideran que toda la administración requiere de un protocolo en este sentido o actualizar el que tienen ya que las causas de las agresiones a los trabajadores públicos parten de razones «muy similares».

En este sentido, los representantes del sindicato reclaman que el protocolo marco ponga «especial énfasis» en que cubrir a todos los empleados de la administración, «ya sean funcionarios o personal laboral» y que se ampare en el artículo 550 del Código Penal que establece que cualquier ataque «físico o verbal» a un trabajador durante el ejercicio de sus funciones sea considerado un delito de atentado contra la autoridad. Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad tenían reconocido este delito desde siempre aunque hace un par de años se extendió a otros colectivos, como sanitarios o maestros. El personal de los Servicios Penitenciarios en Cataluña también lo reclama ya que consideran que las elevadas penas de prisión que marca la norma contra los autores de las agresiones -en este caso internos en las cárceles- podría tener un efecto disuasorio entre los reclusos.

Además, CSIF pretende que se delimite el ámbito de actuación del protocolo teniendo en cuenta el tipo de acciones violentas que sufren los trabajadores, como agresiones, acoso psicológico, amenazas verbales o gesticulares e incluso daños a elementos de su propiedad. Incluso creen que se debe establecer como agresiones las que se sufren dentro del centro de trabajo y a aquéllas que pasan fuera pero «que estén relacionadas con las tareas que ejercemos». También instan a especificar claramente las responsabilidad de todos los agentes que intervengan en cualquier episodio de violencia, ya sean superiores jerárquicos, personal de recursos humanos o de servicios jurídicos.

Para garantizar la prevención, los responsables sindicales también reclaman un registro de datos de personas «potencialmente conflictivas» y que se eleven informes vinculantes a los directivos de cada Departament, para que «se adopten las medidas correctoras necesarias» para evitar los casos de violencia. CSIF reitera la necesidad de informar de forma «horizontal y vertical» para prevenir las agresiones. Además piden apoyo jurídico, psicológico y sanitario para los trabajadores víctimas de esta violencia. CSIF denuncia que hasta marzo pasado se registraron 29 agresiones, leves y graves, a personal de las prisiones catalanas.

EL MUNDO