Funcionario/a recibe agresión por parte interno/a dentro de su jornada de trabajo. Tristemente noticia de rabiosa actualidad.

Como consecuencia de la agresión el trabajador debe ser intervenido y con posterior periodo de rehabilitación para tratar de minimizar las secuelas físicas que hayan podido quedar. Las psicológicas son otro tema que no parece interesar mucho a la Administración.

El Department de Justicia es nuestro amigo y nos ofrece todo su apoyo institucional, profesional, afectivo, clínico, vamos que lo “tenemos to pagao”. Así que se inicia de oficio procedimiento contra el agresor tratando de que ese incidente no quede impune.

El Sr./a Juez/a en todas las instancias a las que acudimos da la razón al trabajador agredido y condena al agresor a pagar una indemnización económica en función de los daños físicos ocasionados, periodo de inactividad, periodo de rehabilitación, etc….

Como era previsible el agresor se declara insolvente y declara la imposibilidad de abonar ninguna cantidad económica al agredido. En este caso la Administración deberá responder subsidiariamente.

La Generalitat pone a toda su maquinaria a trabajar para evitar que los trabajadores/as agredidos/as cobren una cantidad a la que tienen derecho con argumentaciones indignas y que menosprecian a nuestro colectivo.