Los empleados públicos salen a la calle para exigir al Gobierno que ingrese su subida salarial en enero
- CSIF reclama que se reconozca el esfuerzo de los empleados públicos durante la crisis: hemos perdido cerca de un 20% de poder adquisitivo
- Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales o el Pacto contra la Violencia de Género se resienten ante la parálisis política
28 de Noviembre de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido al Gobierno que cumpla y garantice de una vez por todas la subida salarial pactada de un 2% para los más de 2,5 millones de empleados/as público a partir del 1 de enero de 2020, durante las movilizaciones celebradas en todo el país.

El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida a que el Ejecutivo esté “en plenas funciones”. CSIF valora este gesto, pero advierte de que las empleadas y empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día una subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado.

En este sentido, reclamamos que aunque el Gobierno esté en funciones, se haga efectiva por la vía del Real Decreto la subida a los empleados públicos a 1 de enero de 2020, ya que el Gobierno, aún en funciones, está facultado para dictar dicha norma por lo que dicha subida queda al arbitrio de su voluntad política. De hecho, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tiene previsto convalidar mañana cuatro decretos sobre: parámetros retributivos del sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra el Cambio Climático; medidas sobre administración digital y contratación en el sector público; y la paga de diciembre de los pensionistas. El Congreso de los Diputados además estará en plenas funciones a partir del próximo día 3 de diciembre.

Por eso, desde CSIF no vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable. El panorama es aún más preocupante si consideramos que los empleados públicos todavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20 por ciento pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del Estado durante la crisis con profesionalidad.

Medidas de presión y deterioro de los servicios públicos

En las últimas semanas, distintos organismos nacionales e internacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento para España en 2020 y han alertado sobre un deterioro en la creación de empleo, una situación aún más grave en el actual escenario de incertidumbre política y sobre el que CSIF quiere dar la voz de alarma.

Queremos también poner el foco en la situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas.

  • Parón en las convocatorias de empleo público. Alta temporalidad, precariedad y el deterioro general que están sufriendo nuestros servicios públicos por la falta de plantillas. Sólo se han llevado a cabo el 20 por ciento de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.

  • La Sanidad ha destruido 50.000 empleos en los últimos dos meses coincidiendo con la llegada de las bajas temperaturas: situaciones de saturación en urgencias hospitalarias y centros de salud, listas de espera diagnóstica y para intervenciones. A todo ello se añade el retraso en las ofertas de empleo público.

  • En Educación también hay una gran inestabilidad laboral e incertidumbre con las titulaciones al final de etapa y no se están negociando cuestiones esenciales como los horarios lectivos o las ratios de alumnos por docente.

  • En Justicia, la parálisis del Gobierno ha bloqueado la negociación colectiva y en ámbitos como la homologación salarial o las guardias, se acumulan los expedientes (como los derivados de las cláusulas suelo) y se producen retrasos porque se ha frenado la apertura de nuevos juzgados. Además, está pendiente la renovación del CGPJ.

  • Por último, coincidiendo con la semana del 25-N, queremos llamar la atención también sobre las políticas de lucha contra la violencia de género: congelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno a las políticas por el parón del Pacto de Estado.

En el caso de las administraciones locales, la parálisis está provocando que, por ejemplo, en Madrid decenas de refugiados duerman en la calle por la inacción, descoordinación y el choque de competencias entre el Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento.