La justicia gallega en huelga desde hace dos meses: Ni un paso atrás
08 de Abril de 2018

ACCEDE AL ARTÍCULO COMPLETO PUBLICADO EN CONFILEGAL

Desde que la Xunta de Galicia asumió la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia (1997), los ciudadanos gallegos han visto como sus asuntos judiciales se ralentizan en el tiempo sin obtener la respuesta ágil y eficaz que un servicio público moderno debe ofrecer.

La Xunta de Galicia ha venido aplicando unas políticas de recortes en el presupuesto que destina a la Administración de Justicia que afectan directamente al normal funcionamiento de los órganos judiciales gallegos.

Estas políticas erróneas que se han llevado a cabo por los gobernantes de la Xunta, han incrementado la carga de trabajo y han contribuido al empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo en los órganos, oficinas y servicios de la Administración de Justicia gallega que afectan directamente a la capacidad de respuesta de su personal.

Los funcionarios de la Administración de Justicia gallegos son hoy los peor pagados de todas Comunidades, que han recibido los traspasos de Justicia en relación con el único concepto retributivo que depende de las CCAA: el complemento específico, también llamado autonómico.

Ante este escenario, y la insistente negativa de la Xunta en sentarse a negociar para mejorar sus condiciones laborales y retributivas, los funcionarios de justicia gallegos, tras la convocatoria de varias concentraciones, manifestaciones y paros parciales están en huelga indefinida desde el 7 de febrero con una seguimiento superior al 80%.

Una huelga que supone a cada funcionario la perdida media diaria de 60 €; una huelga que afecta directamente a todos los operadores jurídicos y a los ciudadanos que son los perjudicados más directos y que están viendo cómo más de 17.000 juicios y decenas de miles de trámites judiciales se cancelan “sine die”.

Lejos de haber visos de una solución inmediata, el conflicto sigue más enquistado que nunca, y el único responsable de ello es el vicepresidente de la Xunta de Galicia y Consejero de Justicia, Alfonso Rueda, quién ha convertido este conflicto en algo personal, anteponiendo su orgullo a la búsqueda de soluciones para poner fin al mismo.

Sólo la intervención directa del Presidente de la Xunta, Sr. Núñez Feijoo, puede poner fin a este conflicto. Sólo el Presidente de la Xunta de Galicia puede restituir el normal funcionamiento de la administración de justicia gallega y le corresponde a él, como máximo dirigente y responsable de esta comunidad, poner fin a este conflicto y evitar con ello mayores perjuicios a los ciudadanos gallegos.