CSIF pide que los educadores de menores controlen los abusos
24 de Octubre de 2016

GERMÁN GONZÁLEZ

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/24/580cfaaf22601d09708b461e.html

El sindicato CSIF ha solicitado al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que reubique a muchos educadores que trabajan en los centros de menores que dependen de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) y del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entidad que aglutina a la Generalitat y al Ayuntamiento. El pasado septiembre, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, anunció que se creará la figura de un delegado de protección de abusos sexuales en centros de menores a raíz de que se conociese que una red de pornografía infantil, destapada por los Mossos d'Esqusdra, presuntamente captó a siete jóvenes tutelados.

Bassa cuantificó su propuesta en 120 delegados, ya que «en cada centro, a uno de los profesionales lo especializaremos en temas de victimización en abusos sexuales» con 50 horas de formación, y será un referente tanto para los jóvenes como para otros profesionales. Ante este anuncio, el sindicato CSIF ha propuesto que estos delegados salgan de los 300 educadores que trabajan para los centros que gestiona directamente la Administración, ya que hay una media de edad que ronda los 56 años y la mayoría tienen varias décadas de experiencia. De esta forma, estos educadores podrían supervisar estos centros de menores no sólo por si se cometen abusos sino también para garantizar su buen funcionamiento.

Fuentes del sindicato explicaron a este diario que existen numerosas irregularidades en algunos de estos 14 centros que gestionan entidades públicas, ya sea la propia Generalitat o el Consorcio en Barcelona, como la presencia de agresores que conviven con otros menores o con los mismos educadores que los han denunciado por agresión; que tienen a usuarios con enfermedades mentales que en algún caso han superado la mayoría de edad pero están en procesos de incapacidad; que han crecido el número de jóvenes de 15 o 16 años que vienen de otros países; o que se supera el marco asistencial de la normativa, ya que atienden a menores de cinco años cuando deberían estar con familias de acogida profesionales. También afirman que se está produciendo una «privatización encubierta», ya que la Administración no crea centros públicos y en cambio establece acuerdos con entidades y organizaciones privadas que disponen de plazas para menores. Alguno de estos acuerdos supera los 1,7 millones de euros. Hasta el pasado septiembre se produjeron 101 accidentes por agresión a trabajadores en estos centros de la DGAIA cuando en todo 2015 fueron 75, según Prevención de Riesgos.