CSIF reclama que se establezca una verdadera carrera profesional para el PDI .
17 de Diciembre de 2020

CSIF reclama que se establezca una verdadera carrera profesional para el PDI

Frente al aumento de consultas de compañeros y compañeras que se acercan a la edad de jubilación, CSIF reclama que se establezca con urgencia la regulación de la carrera profesional del PDI, tanto por lo que respecta a la vía de acceso como por las diferencias en la jubilación entre las diversas figuras de PDI.

Así, al PDI-Funcionario de las Universidades se le aplica la edad forzosa de jubilación a los 70 años, en tanto que al PDI-Laboral de las Universidades se le aplica: en cuanto a la edad de jubilación, lo previsto en el Régimen General de la Seguridad Social, que, a partir de enero de 2021, será de 66 años; y en cuanto a la jubilación forzosa, lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, que sólo puede aplicarse si está prevista en convenio colectivo y si además se cumplen una serie de requisitos –tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación y que se vincule a objetivos de política de empleo fijados en el convenio colectivo y aplicables en la empresa-. Esto demuestra claramente que, contra lo que se ha venido afirmando, hay diferencias patentes en los derechos laborales entre las dos vías de acceso a la carrera profesional del PDI.

Esta situación se complica aún más en el caso de los profesores que obtuvieron, por méritos y capacidad, no nos cansamos de señalarlo, una plaza vinculada en hospitales de la red pública. Por ejemplo, al personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud (ICS) se le aplica la jubilación forzosa a los 65 años, en tanto que el personal laboral del ICS se le aplica la misma legislación que al PDI laboral de las Universidades. Así, los Profesores Agregados o Catedráticos Contratados con plaza vinculada en el ICS no tendrán la posibilidad de extender su carrera académica una vez jubilados de su actividad asistencial, de la que en cambio sí disfrutan los Profesores Titulares o Catedráticos de los cuerpos docentes universitarios.

Además de situar a dos categorías profesionales que se presentan como iguales -y que lo son, en términos de exigencia académica y méritos y capacidades acreditados- en diferentes situaciones por lo que respecta a sus derechos laborales, este sistema empieza a mostrar uno de sus peores efectos institucionales, el empobrecimiento del capital humano de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud de las Universidades Públicas, porque hurta a estos profesores e investigadores la posibilidad de aplicar a su carrera académica la experiencia adquirida durante su carrera asistencial. Los recientes casos de trasvase de Profesores ordinarios de las Universidades Públicas a las Privadas son la demostración palmaria de este fenómeno.

Encuesta Teletrabajo

CSIF y ARHOE lanzan una macroencuesta para conocer la realidad actual del teletrabajo y diagnosticar sus carencias

- Las mujeres teletrabajan el doble que los hombres para cuidar a menores y dependientes a su cargo

- El teletrabajo no puede ser un obstáculo para la promoción profesional de las mujeres, sino una vía para impulsar una conciliación real

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) lanzan una macroencuesta nacional para detectar las carencias del teletrabajo y hacer un diagnóstico sobre su situación actual.

Los resultados de esta encuesta online -destinada a todas las personas trabajadoras del sector público y privado- nos permitirán avanzar en un estudio preciso sobre la situación actual con la que identificar los problemas y plantear una batería de actuaciones para impulsar esta modalidad de organización del trabajo, clave para impulsar la conciliación.

CSIF ya cuenta con cifras que nos alertan de algunas de estas carencias. En concreto, la cifra de empleadas públicas que teletrabajan actualmente en la Administración General del Estado y que tienen mayores a su cargo duplica a la de hombres (818 mujeres frente a 403 hombres), mientras que la situación es muy similar en el caso de las que trabajan a distancia y tienen a su cargo menores de 14 años (5.480 mujeres frente a 3.332 hombres).

Antes de la pandemia tan solo un 5% de los empleados/as públicos teletrabajaban, una cifra que llegó hasta un 63% en plena crisis del COVID, y que ahora se sitúa en torno al 22%, según los últimos datos recabados por CSIF. Del total de las 44.300 personas teletrabajando ahora en la AGE, 25.030 son mujeres y 19.262 hombres.

La modalidad de trabajo no presencial se ha implantado de manera generalizada de forma precipitada, condicionada por la pandemia, para proteger la salud de las plantillas y mantener la actividad laboral en la administración pública y en el sector privado. Además, el teletrabajo ha permitido garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, dando un impulso a la conciliación.

Sin embargo, pese a que se ha avanzado en la regulación del teletrabajo en el sector privado, el sector público en su conjunto necesita una normativa urgente concreta, que dé seguridad a sus plantillas y que fije horarios de trabajo, ubicaciones, medios informáticos, mecanismos de selección de personal y derecho a la desconexión digital, entre muchos otros.

17 de diciembre de 2020