El Anteproyecto de Ley de reforma de la LOU sigue sin resolver los problemas de las universidades y fragmentará el sistema universitario español.
12 de Noviembre de 2020

Reunión con el Ministro de Universidades, la CRUE y Comunidades Autónomas

El Anteproyecto de Ley de reforma de la LOU sigue sin resolver los problemas de las universidades y fragmentará el sistema universitario español

CSIF sigue considerando necesario negociar el Estatuto del PDI y modificar la LOU solo si los resultados del proceso negociador así lo exigieran.

No se nos han comunicado cifras y sigue sin haber exposición de las principales partidas de la memoria económica.

Para el sindicato se pueden hacer reformas fundamentales que necesita la universidad pública española (acabar con la precariedad de la carrera académica, supresión de la tasa de reposición, modificación criterios ANECA de evaluación del profesorado, estabilización del PDI laboral temporal) sin tener que afrontar un proceso largo, complejo e incierto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades.

  1. Desde CSIF ni entendemos ni compartimos la insistencia del Ministerio de Universidades en la creación de una carrera laboral paralela a la funcionarial, inédita en otras administraciones públicas. No están claros los objetivos que se persiguen ni vemos beneficio alguno ni para el PDI ni para las universidades. Con esta medida de creación de plazas laborales de TU y CU (que ahora podrán recibir diferentes nombres en las distintas comunidades autónomas), en vez de racionalizar la estructura del PDI, se fomentan duplicidades, se crean diferencias y se podrían favorecer las arbitrariedades. Se pretende imitar algunos modelos autonómicos en los que la disminución del peso de los funcionarios en la enseñanza pública universitaria no ha hecho sino aumentar la inseguridad y precariedad del PDI, además de dificultar su movilidad. Creemos contraproducente la laboralización de la plantilla de PDI frente a la disminución de los cuerpos docentes universitarios. Con evidente intencionalidad de permanencia, homogeneidad y seguridad jurídica, toda la enseñanza pública española en sus diferentes niveles se lleva a cabo por funcionarios docentes.

Además, se acompaña de un nuevo proceso dual de acreditación (por ANECA y Agencias Autonómicas) que no simplifica el proceso pero puede introducir más sesgos y distorsiones en el sistema , viendo las disfunciones y disparidades de criterios entre las diferentes agencias de evaluación. En este momento, para el mismo tipo de figura de PDI laboral, los resultados de evaluación de unos mismos méritos curriculares (docencia, investigación, gestión, etc.) son diferentes e incluso opuestos en función de qué agencia los evalúe. La propia ANECA reconoce en sus informes que no existe un marco de evaluación compartido por todas las agencias del sistema universitario español lo que provoca desiguales tasas de éxito en los resultados de evaluación entre las diferentes agencias.

La propuesta dificultará la movilidad del personal docente e investigador por toda España, complicará aún más la acreditación de méritos tanto del PDI laboral como del funcionario y supondrá una carga de profundidad que fragmentará en lugar de robustecer el Sistema Universitario Español. Además, podría vulnerar el principio constitucional de igualdad de acceso a la función pública agravando las diferencias territoriales, al existir diferentes comités con distintos criterios regionales. Para desbloquear la carrera académica son necesarios cambios profundos de los criterios ANECA de evaluación del profesorado.

  1. Hoy en día el 59,6% del PDI de las universidades públicas es contratado laboral y dentro de este colectivo el porcentaje de temporalidad es del 79’62% según el Boletín Estadístico del Empleo Público de enero de 2020 del Ministerio de Administraciones Públicas. En la propuesta de Castells hay un cambio de figuras pero no hay medidas reales para reducir la precariedad y la inestabilidad del PDI laboral: Asociados, Ayudantes Doctores, Contratados Doctores interinos, Sustitutos interinos, Visitantes, etc. No hay medidas (reservar un porcentaje de plazas, valorar la experiencia docente en universidades, planes extraordinarios de estabilización y entrada) para el Profesor Asociado, el colectivo más precario -casi 34.000 profesionales- y que representa un 34,1% del conjunto del PDI. Desde CSIF insistimos que suprimir la tasa de reposición es la clave para convocar plazas, disminuir la precariedad, reducir la lata tasa de temporalidad, estabilizar y renovar plantillas.

Por otro lado, en el último borrador del Anteproyecto de Ley no hay nada de mejora de retribuciones o niveles, ni de intensificaciones ni de carrera académica horizontal. La dedicación docente se deja confusa y no determina claramente la disminución por investigación reconocida.

También resultan escasas las medidas de Igualdad de trato entre hombres y mujeres y no hay flexibilidad en el tema de las estancias de 9 meses para promocionar a determinadas figuras ni siquiera que sea excepcionada reglamentariamente por motivos de corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar

CSIF considera que este nuevo modelo no resuelve ninguno de los acuciantes problemas de inestabilidad laboral, precariedad e inseguridad jurídica que afectan al PDI, y en cambio añade complejidad al desarrollo de carrera académica y profesional del profesorado universitario y a la promoción y retención del talento por nuestro sistema de Ciencia. En definitiva, CSIF rechaza esta propuesta ya que crea desigualdad entre profesores y entre comunidades y no apuesta por establecer criterios homogéneos ni refuerza la colaboración interinstitucional, optando en cambio por un localismo empobrecedor.

11 de noviembre de 2020