CSIF gana las elecciones sindicales en la Administración del Estado en Castilla y León
20 de Junio de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado las elecciones sindicales de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla y León, celebradas este miércoles 19 de junio, con un total de 87 delegados (sumando funcionarios y laborales), frente a los 74 de UGT, los 50 de CC.OO. y los 12 de USO. Esto supone, para CSIF, un porcentaje del 34,5% del conjunto de los representantes.

En los funcionarios de los servicios de la Administración General del Estado (AGE), entre los que están los trabajadores de las prisiones, CSIF ha conseguido 61 delegados (4 más que en las elecciones de 2015), lo que supone el 40,6% de los 150 representantes totales de Castilla y León. Por provincias, Ávila ha obtenido 9, León 6, Palencia 8, Salamanca 11, Segovia 10, Soria 5, Valladolid 6 y Zamora 6.

Respecto al personal laboral, CSIF ha logrado 26 delegados, los mismos que hace cuatro años, pero teniendo en cuenta que hay 12 delegados menos que hace cuatro años en Castilla y León, reduciéndose de 114 a 102. Por ello, el porcentaje de votos de CSIF ha aumentado del 22 al 26%.

A nivel nacional, CSIF -el sindicato más representativo en las administraciones públicas- también ha revalidado su victoria en las elecciones celebradas hoy en la Administración General del Estado (AGE), obteniendo un 37% de la representatividad, frente a UGT y CC.OO. que registran un 31 y un 29%, respectivamente, mientras que USO sale del mapa sindical al quedarse sin votos suficientes para alcanzar representatividad en las mesas de negociación.

Los funcionarios de prisiones siguen respaldando mayoritariamente a CSIF, a pesar de la irrupción del movimiento ‘Tu Abandono Me Puede Matar’, que no llega al 10% de representación nacional, y por tanto se quedarán fuera de la mesa de negociación, donde se decidirán las condiciones laborales de este colectivo.

El presidente del sector de Administración General del Estado (AGE) en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González, ha agradecido el apoyo recibido por los trabajadores de la administración central, tanto los funcionarios como los laborales. En este sentido, CSIF apunta que “el personal laboral, tradicionalmente, había sido un ámbito donde las organizaciones sindicales de clase tenían una superioridad clara. Pero los resultados obtenidos consolidan una tendencia a favor de una opción sindical profesional, independiente y negociadora, sin injerencias de los partidos políticos”, señala González.

CSIF remarca que “volcará todos sus esfuerzos desde ya, en alcanzar un nuevo acuerdo de legislatura con el Gobierno que pase por la equiparación salarial entre administraciones, y la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de 2010. La recuperación de las 35 horas semanales o el desarrollo de la carrera profesional serán otros de las reivindicaciones prioritarias.

CSIF recuerda que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, registrando así su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles. En los últimos 8 años se han perdido 38.835 empleos, a razón de 20 al día.

Por ello, CSIF reclama un plan de recursos humanos a medio plazo, frente a la avalancha de jubilaciones que se va a producir en España (32.000 en cinco años, casi los mismos que los empleos perdidos durante la crisis) y exige reforzar las plantillas donde sea necesario. En este sentido, CSIF insiste en que es preciso agilizar las ofertas de empleo público pendientes, y las convocatorias de plazas interinas.

Otras exigencias de CSIF son:

- Profesionalizar la administración y garantizar su independencia; reducir los altos cargos, nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales.

- Reforzar las competencias del Estado y los mecanismos de inspección para garantizar la igualdad; y garantizar que la lengua sea un mérito, pero no un requisito.

- Blindar los servicios públicos para evitar la tentación de nuevas privatizaciones.

- Garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7 por ciento del PIB.

- Eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, y desarrollar los protocolos contra el acoso y la violencia de género; Permiso de paternidad de 20 semanas en 2020 (como en Andalucía. En el resto de España son 16 en 2021) y teletrabajo.