CSIF abordará con Hacienda hoy una oferta de empleo público urgente que evite el colapso de las Administraciones
Las plantillas de la administración han perdido 320.000 empleos desde 2011 y 232.000 personas están a las puertas de la jubilación

26 de Enero de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, dio hoy la voz de alarma ante los resultados de la Encuesta de Población Activa: en los últimos 12 meses el empleo ha aumentado en 428.500 personas en el sector privado, mientras que se reduce en 14.600 en el público.

De esta manera, frente a la tendencia general, las Administraciones Públicas retroceden y acumulan un déficit de 320.000 empleos desde el tercer trimestre de 2011, cuando comenzó la sangría de empleo público en términos de la EPA. Además, se da la circunstancia de que 232.900 personas tienen más de 60 años y se encuentran a las puertas de la jubilación.

Por otra parte, el nivel de precariedad de nuestras administraciones es preocupante. Un total de 680.900 personas tiene un empleo temporal (80.000 tienen un contrato que no llega a los tres meses), unas cifras inaceptables para los niveles de calidad que debemos exigir a los servicios de nuestro Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación.

En este sentido, CSIF mantendrá hoy lunes una reunión urgente con la secretaria de Estado de Función Pública, en la que se abordará la necesidad de diseñar ya una oferta de empleo público, en el contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esta oferta de empleo deberá eliminar la tasa de reposición, es decir, que se produzcan contrataciones por encima de las jubilaciones de este año, para paliar el déficit estructural de las plantillas.

CSIF también planteará la necesidad de abordar ya el problema de la interinidad en ámbitos como la sanidad o la educación, o la consecución de la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones

, como medida de creación de empleo de calidad. La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha sido el último gobierno autonómico que con el apoyo de CSF se ha dirigido al Ejecutivo Central para promover esta medida.