CSIF reclama al PP en el Congreso una reforma urgente de la Ley para evitar la discriminación del personal interino
19 de Octubre de 2016

- El sindicato prepara demandas en todas las provincias y ámbitos de la Administración

- CSIF abordará con el Ministerio de Empleo la situación específica de las Administraciones Públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, continuó hoy su ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios del Congreso para analizar los efectos de las recientes sentencias sobre interinos y promover las reformas legislativas necesarias para evitar la discriminación de este colectivo.

Hoy mismo se ha conocido una nueva sentencia, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aplica a una trabajadora eventual una indemnización de 20 días por año trabajado, aplicando así la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE.

CSIF –que hoy se reunió con el portavoz del PP, Rafa Hernando, cerrando la ronda de contactos que iniciamos la semana pasada con Cs y PSOE—considera que la solución debe abordarse de manera urgente por la vía legislativa, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas. Queremos evitar el colapso de los tribunales.

En este sentido, CSIF está preparando demandas en todas las provincias y ámbitos de las administraciones públicas con el fin de que se produzcan pronunciamientos judiciales que sirvan de referencia en el conjunto del Estado. Asimismo, el Ministerio de Empleo nos ha trasladado que en los próximos días abordará con CSIF, de manera específica, la situación de los interinos en las administraciones públicas.

De manera paralela, CSIF considera la necesidad de establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas y que evite el abuso de la contratación del personal interino.

En este sentido, CSIF también reclama a los grupos parlamentarios una proposición de Ley para que se determine la oferta de empleo público y se actualicen las retribuciones de los empleados públicos, al igual que las pensiones.