CSIF inicia una campaña para modificar la ley y prepara sus servicios jurídicos ante la previsión de las futuras demandas
07 de Octubre de 2016

CSIF Castilla y León pedirá a la Junta una reunión para analizar las consecuencias de la sentencia. Asimismo, el sindicato independiente -a nivel nacional- reclama al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para valorar la sentencia y llevar a cabo las modificaciones legales que sean necesarias, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en el Estatuto de los Trabajadores, para evitar la discriminación del interino.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León anuncia que pone en marcha una campaña, al igual que hará el sindicato independiente en toda España, para combatir la discriminación del personal interino y su desprotección respecto al resto de trabajadores.

Las administraciones españolas, en los últimos tres años, han contratado más de 81.000 interinos, a una media de unos 7 al día. En Castilla y León, la interinidad en Educación es del 21%, en Sanidad de cerca del 20% y en la administración general de la Junta de más del 30%, con picos en áreas como la de Servicios Sociales que puede alcanzar el 70%.

CSIF ya está recibiendo, en la Comunidad, numerosas consultas del personal interino, interesándose por las consecuencias de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de la anterior del Tribunal de la Unión Europea, que reconocen una indemnización por el cese a un interino.

CSIF ha iniciado una campaña informativa, a través de sus delegados sindicales, para explicar las consecuencias de las sentencias. Además, desde ya, el sindicato ofrece su asesoría jurídica para analizar los conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente se producirá en nuestras administraciones.

Para CSIF, la solución debe abordarse de manera urgente por la vía legislativa, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas. Queremos evitar el colapso de los tribunales. En este sentido, CSIF ya ha activado sus asesorías para atender las reclamaciones de las personas afectadas.

De manera paralela, CSIF considera que se debe establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de las administraciones públicas, que evite el abuso de la contratación del personal interino. Por eso, CSIF quiere intensificar la interlocución con los gobiernos central y autonómicos, para determinar la oferta de empleo para el próximo año.

Las sentencias ponen de relieve las graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español frente a la normativa de la Unión Europea, en la protección de los trabajadores temporales de las administraciones, y los abusos en la contratación temporal, tanto en lo que se refiere a las indemnizaciones como al encadenamiento de contratos de interinos para cubrir necesidades estructurales.

En el conjunto de las administraciones públicas, según cálculos de CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 276.800 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11 por ciento, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20 por ciento.

La contratación de interinos se ha disparado en los últimos tres años, con 81.400 personas más en esta situación respecto al segundo trimestre de 2013. Es decir, desde 2013, nuestras administraciones han venido contratando una media de 74 interinos al día.

CSIF reclamará un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que en un plazo de cuatro años permita reducir a la mitad la contratación de personal interino y acabar con lo tasa de reposición; es decir, que se cubran todas las jubilaciones.