Manifiesto Intersindical en defensa de la Enseñanza Pública en Castilla y León.
02 de Mayo de 2012


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MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al que apenas los ciudadanos españoles nos hemos ido acercando estos últimos años.

El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles,que respondan con eficacia a las necesidades de las personas sobre la base del principio de igualdad.
Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos y una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente: cada vez estamos peor. Ese no es el camino.
Además, todos los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inversión posible para el futuro de los pueblos y más aun en un país como el nuestro, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace pocos años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudadanía.
Los recortes en la educación pública propuestos por el Gobierno suponen el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado (reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.) así como la adopción unilateral de medidas como el aumento de las ratios, la disminución de grupos, la desaparición de los diversos métodos de ayuda y refuerzo al alumnado, etc. Hechos que provocan el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino. Además, se acaba con la jubilación anticipada, se congelan las ofertas de empleo público docente y se reducen gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos.
Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes, al igual que el resto de profesionales del sector público, tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales ni la aplicación del resto de medidas retrógradas que propone el Gobierno, que podrían afectar profundamente a la calidad de nuestro sistema educativo, además de impedir que los recién titulados se incorporen en los próximos años a la docencia en nuestros centros. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a varias generaciones de jóvenes formados en nuestras universidades. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido en nuestra historia.
Actualmente, la enseñanza pública llega a todos los rincones de nuestra Comunidad, hasta los pueblos más alejados y hasta los barrios más aislados, es decir, allí donde la falta de rentabilidad hace que la educación no interese a la iniciativa privada. La enseñanza pública soporta por sí sola el elevado coste que supone la escuela rural y la escuela integradora, porque es la que garantiza el derecho a la educación a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa.
En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la calidad del sistema, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.
Por ello, entendemos que hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, y que hay que protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica, e instamos al Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma a mantener e incluso mejorar la inversión en la Enseñanza Pública, respetando las condiciones de trabajo de los docentes, manteniendo las plantillas de los centros y aplicando siempre las ratios más adecuadas para dar una respuesta correcta a las necesidades educativas de los alumnos.
El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa es la mejor inversión que las administraciones públicas pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.


Hipólito-B. Riesco Álvarez Pedro Escolar Izquierdo Pilar Gredilla Fontaneda Mª Victoria Soto Olmedo Francisco J. García Cruz
CSI·F Enseñanza CyL STECyL-i ANPE CyL FETE-UGT CyL FE-CC.OO. CyL


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