La Junta fijará un cupo máximo del 30% de alumnos con necesidades educativas especiales para evitar los guetos.
13 de Octubre de 2018

A. CALVO | LEÓN

Regular la admisión del alumnado para evitar que en determinados colegios se concentren los alumnos con necesidades educativas especiales, de determinadas etnias o en desventaja económica, social o cultural, es una de las medidas que propone la Consejería de Educación ya de cara al próximo curso. En el borrador ya presentado a los sindicatos y que está rematando la administración para convertirlo en decreto, se establece la «imposibilidad de incrementar la segregación escolar». Desde Csif, Javier Ampudia, concreta que la Consejería de Educación ya ha avanzado que la nueva regulación recogerá «un porcentaje que no se podrá superar, igual que se hace ahora en los centros en los que se fomenta la inclusión», es decir, un 30%. El objetivo, evitar que generen los denominados como colegios guetos.

Actualmente, en la provincia de León ha dos centros ya estigmatizados con esta consideración —uno en la capital leonesa y otro en la berciana— a los que se suman otros cuatro colegios en los que el porcentaje de alumnos de determinadas etnias o con en desventaja económica es muy superior al de otros centros. «Csif ha presentado varias enmiendas que aunque han recibido el visto bueno del Consejo Escolar nunca se habían llevado a la práctica», destaca Ampudia, quien añade que con los cambios que incluirá el decreto «se equilibra la libertad de elección de centro con la planificación educativa para preservar que no formen los centros gueto».

Javier Ampudia destaca que la nueva normativa que regula la admisión del alumnado en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, «paralelamente obligará a los colegios concertados a reservar dos plazas, que no se podrán llenar en el proceso ordinario, para alumnos con necesidades». Es decir, hasta ahora, los concertados cubrían todas sus vacantes en el proceso de admisión de junio, con lo que así evitaban tener plazas libres para el periodo extraordinario. «Ahora tendrán que admitirlos sí o sí hasta septiembre», señaló desde Csif Javier Ampudia.

En el documento en el que trabaja la consejería se incide en que el objetivo es «avanzar en igualdad y no discriminación» en los centros sostenidos con fondos públicos «tales como la reserva de plazas en todos los centros para alumnado con necesidades educativas especiales, en evitar la segregación escolar en actuaciones de planificación educativa o el incremento de alumnos con desventaja económica, social o cultural mediante la escolarización excepcional o por cambios de centro realizados fuera del proceso ordinario».

Uno de los artículos recoge la sanciones a las que se enfrentarán los colegios si no cumplen con las normas de admisión que recoge el documento y especifica que la «infracción de las normas por los centros privados concertados podrá dar lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa vigente en materia de conciertos educativos».

El decreto también recoge los criterios prioritarios como la existencia de hermanos matriculados en el centro y aquellos que apruebe el consejo escolar de cada centro —como los puntos por que los padres sean ex alumnos—, pero que se deberán medir por los criterios de equidad y no discriminación.


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