El Presidente Mañueco "nos da la razón” a más de 10 años de reivindicaciones relativas a incendios forestales.
Recordamos (y reiteramos) que el Presidente dela JCYL “nos da la razón en su visita al incendio de Ávila a más de 10 años de reivindicaciones en materia de incendios forestales en la región”, tiempo que, al menos, el sindicato lleva insistiendo, sin resultados satisfactorios, sobre un cambio integral en el modelo de prevención y extinción de esta lacra que tanto afecta a los Castellanos y Leoneses.
31 de Agosto de 2021

Para CSIF es imperiosa la necesidad de revisión y negociación de un nuevo marco normativo sobre guardias de incendios en el que se basa el funcionamiento de todo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, que se adapte a las actuales circunstancias normativas, socio-laborales y de estructura del combustible existente en el monte que nada tienen que ver con las existentes en 2004, fecha del actual Decreto vigente.

No vamos a incidir en la última catástrofe ambiental y económica que se ha producido en el incendio de Ávila, pero es evidente que es necesaria una profunda revisión del operativo de incendios forestales.

Desde CSIF queremos un Operativo INFOCAL “real” de prevención y extinción de incendios forestales durante todo el año, el 40% de los incendios se producen fuera de la Época de peligro alto, pera lo que es necesario un aumento de la inversión en prevención para que sea, por lo menos, igual a la media de lo que se invierte en otras comunidades, puesto que CyL es la última en inversión por hectárea (5€), Galicia 7 veces más, Cataluña 14 veces más.

Es imprescindible que las plantillas se encuentren al 100% de ocupación cubriendo todas las vacantes de todas las categorías del operativo. Se trata de un SERVICIO ESENCIAL según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Los Agentes Medioambientales e Ingenieros Forestales y de Montes que dirigen la extinción se encuentran desamparados y sin los recursos humanos y materiales necesarios, además de los propios medios de extinción, es urgente la reposición de vehículos debidamente rotulados y señalizados (prioritarios V1 azul) que permitan llegar al jefe de extinción el primero con la máxima seguridad. Se necesita un mínimo de Agentes Medioambientales, Celadores de Medio Ambiente, Ingenieros, Conductores, para dirigir la extinción con garantías y con apoyo en muchos casos para la sectorización en incendios que acaban convirtiéndose en GIF (grandes incendios >500ha), el coste y los riesgos se desmadran en estos incendios.

Pasaría lo mismo con la investigación que llevan a cabo los Agentes Medioambientales (BIIF), con fecha 7 de febrero de 2018 fue aprobado uno de los puntos de la moción presentada por Ciudadanos ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la que se insta a la Junta a mejorar la investigación de las causas de incendios, con la creación de brigadas de investigación compuestas por Agentes Medioambientales/Forestales con dedicación exclusiva, de forma acorde provincialmente a la siniestralidad, y que estas dispongan de una bolsa que permita acudir a los incendios en su inicio, lo que redundaría en una importante mejora preventiva, se ha invertido en formación de los Agentes y esto no supone apenas coste añadido, solamente un mínimo de material y apoyo que puede llevar a encausar al autor del presunto delito y a cobrar muchos gastos de extinción.

Se debe acabar con el empleo precario, actualmente con contratos de 3-4 meses, especialmente de puestos de vigilantes, conductores de autobomba y peones punta de lanza, para trabajos con mucho riesgo, responsabilidad y peligro. La solución propuesta por CSIF pasa por el reconocimiento de la categoría de Bombero Forestal y trabajar en trabajos de prevención (podas y desbroces en líneas de defensa y cortafuegos) durante los 12 meses del año, que facilitan las labores de extinción en verano. Estos puestos de trabajo están ocupados por personal interino en más de un 75% del total de la plantilla.

Es necesaria una actualización del Plan INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León de 1999), con incorporación integral al 112 adaptando el decreto (2004) de extinción de incendios a la Directrices básicas de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (2013). Las condiciones sociales y del combustible en el monte han cambiado mucho y, sobre todo, la plantilla de empleados públicos es ahora mucho más escasa”. Por ello, es necesaria “la revisión integral de la normativa” adaptándola a la de Protección Civil Nacional. Toda esta adaptación legal no debe oponerse a la normativa laboral vigente en ningún caso y debe concretarse un protocolo que claramente defina la forma de asignación de guardias según nivel de peligro declarado, evitando disparidades de criterios según provincias, y que evite los permanentes cambios de planes en el ámbito familiar que actualmente se producen.

Es necesario, así mismo, un protocolo de despacho de convoys que clarifique a diario a quien le podría tocar intervenir en caso necesario, y mejorar la compensación de los mismos, en definitiva el “estar fuera de casa yendo o viniendo del incendio es igual de penoso que estar en él”, existen requerimientos de inspección de trabajo para no pasarse de 12 horas de trabajo seguidas que muchas veces se incumple y esto no se debe permitir por ninguna administración hablando de un servicio de emergencias del que dependen los administrados, no se trata de “heroicidades”.

El sistema “flexible” que parece defender la Junta no garantiza la consolidación de empleo de calidad, vinculado a la propia defensa contra los incendios forestales y al medio rural, como sí ocurre en comunidades vecinas como Extremadura, La Rioja o Galicia. Llevábamos años denunciado el convenio colectivo de la Jcyl y, como pasamos en 2020 por unas elecciones sindicales, el resto de sindicatos nos han apoyado adhiriéndose a su denuncia, por lo que podemos llegar a potenciar a los Bomberos Forestales llegando a tener su categoría profesional, pero no estamos viendo avances en la negociación.

El sistema mal llamado flexible, del que presume el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha quedado en entredicho necesitando en Ávila la ayuda de otras CCAA y del Estado por la manifiesta escasez de medios humanos y materiales propios.

Queremos un servicio que asuma la defensa contra incendios forestales de forma integral, estable, 100% público, debidamente formado y dimensionado, que permita consolidar el empleo del personal que desempeña estas peligrosas funciones. La administración tiene que asumir alteraciones climatológicas, por desgracia, cada vez más comunes, lo que exige una prevención y una dotación de recursos adecuados, para extinguir con eficacia los incendios y no dejar que se extiendan como, por desgracia, ha ocurrido en la provincia de Ávila.