INDEFENSIÓN DE AAMM Y CMA TRAS LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD (DESESCALADA) COVID19
04 de Junio de 2020

PUNTO PRIMERO.- Con fecha 17 de marzo de 2020 comenzó a ser de aplicación la 2ª Instrucción de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la aplicación del Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, que adaptaba y definía las condiciones laborales de agentes forestales y medioambientales y celadores de medio ambiente en cuanto a seguridad y salud en relación con el COVID19. (documento en PDF)

PUNTO SEGUNDO. En el reciente PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CON MOTIVO DE LA COVID-19, EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, Actualización 29 de mayo de 2020: fase de desescalada, (documento en PDF) en su punto 4º, para agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, queda sin efecto la instrucción que la secretaría general de 17 de marzo 2020 retornándose al régimen ordinario de trabajo, En concreto, especifica “En cuanto a las condiciones de trabajo aplicables a los agentes medioambientales, a los agentes forestales y a los celadores de medio ambiente, queda sin efecto la Instrucción de la Secretaría General de 17 de marzo de 2020, retornándose al régimen ordinario de trabajo, salvo en lo que quede afectado por lo dispuesto en este plan.”

PUNTO TERCERO. Resumiendo, en cualquier interpelación, a fecha de hoy, por ejemplo, a pescadores o cazadores, que no tienen la obligación legal de llevar protección respiratoria ni otras medidas anti-contagio, no tienen claro cómo actuar en relación con el COVID19, ya que no se ha evaluado en correspondiente revisión de evaluación de riesgos laborales cómo abordar estas situaciones evitando el riesgo de contagio, estando solamente vigente, en relación con la prevención de riesgos laborales de sus puestos, el PEA SST-06.02, ACTUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES, AGENTES FORESTALES Y CELADORES DE MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN (documento en PDF), único protocolo establecido del que tengamos constancia, y que desde CSIF se ha denunciado en inspección de trabajo y ha llevado al juzgado, antes de la pandemia generada por el COVID19, quedando pendiente reunión en el SERLA de fecha 17 de abril, que evidentemente no se llegó a celebrar, estando pendiente la misma a fecha de hoy.

PUNTO CUARTO. Nos consta que también a fecha de hoy, siguen con su labor, al estar incluidos en el sistema de protección civil nacional, de distribución y entrega de material médico etcétera a centros socio-sanitarios y centros educativos, mediante coordinación a través de los CECOPI de cada provincia, constituidos al amparo del PLANCAL, con el correspondiente riesgo añadido implícito.

PUNTO QUINTO. Con fecha 14 de abril de 2020, desde CSIF, Sector de Administración General de Castilla y León, AGCYL, solicitamos al Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León que se realicen las revisiones de las evaluaciones de riesgos laborales de todos los empleados públicos, tanto los que tienen ya entre sus riesgos laborales el riesgo por exposición a agentes biológicos, como aquellos otros trabajadores que están expuestos al contagio por coronavirus, tanto por tener atención directa al público como por trabajar en centros donde existe dicho riesgo, y se incorpore dicho riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en sus evaluaciones de riesgos laborales.

Por todo lo expuesto,

Se desde CSIF insistimos en la revisión real de cada evaluación de riesgos laborales de cada puesto, estableciendo el plan específico de contingencia para la protección contra el contagio por el COVID19 de los agentes forestales y medioambientales y celadores de medio ambiente y, en tanto en cuanto, esta gestión no esté realizada, se inste al órgano competente a que instruya las actuaciones y forma de operar de forma que se mantenga intacta la integridad de los afectados.