CSIF reclama responsabilidades políticas a los anteriores responsables de Función Pública de Castilla y León
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está estudiando emprender acciones legales contra los anteriores responsables políticos de la Función Pública de la Administración de Castilla y León, es decir, contra el ex consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la ex viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, por presunta prevaricación en el ejercicio de sus funciones, en relación con todo lo relacionado con el catálogo de puestos tipo, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y el Concurso Abierto y Permanente.
19 de Diciembre de 2019

“En todas las negociaciones se presupone el principio de buena fe de las partes”, afirma de forma contundente Mariano Prieto, presidente del sector autonómico de la Administración General de la Comunidad de CSIF en Castilla y León, “pero es triste decir que, posiblemente, los anteriores responsables de Función Pública han jugado con los sindicatos y con los trabadores que representan”. Según CSIF, el problema está en que el concurso que se publicó por Resolución de 11 de octubre de 2018, de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso abierto y permanente, para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, se anuló porque el Catálogo de Puestos Tipo aprobado por Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, fue impugnado por la Asociación de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, letrados que trabajan para la Administración y que, en principio, son el garante del buen hacer normativo de la Junta y en quienes deben apoyarse los altos cargos. “Claro está que no fueron atendidas sus recomendaciones y recurrieron a la vía judicial”, afirma CSIF. Reunida la Junta con los sindicatos, la ex viceconsejera de Función Pública, Marta López de la Cuesta, indicó que las razones por las que se había anulado el Catálogo de Puestos Tipo se habían subsanado, y pedía buena voluntad y esfuerzo para volver a sacar cuanto antes un concurso de traslados que es necesario, indica CSIF. El calendario de reuniones exprés, con evidente falta de información a la parte sindical, y con la amenaza velada de guardar todo en un cajón, y privar a los funcionarios públicos de un derecho que recoge el Estatuto del Empleado Público, y que la Administración Autonómica incumple de forma reiterada, obligó a creer en el principio de buena fe para que el nuevo concurso saliera adelante, continúa argumentando CSIF. La Resolución de 11 de abril de 2019, de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, fue el resultado de este esfuerzo. Prieto afirma que “nos aseguraron que el Catálogo de Puestos Tipo era sólido, y CSIF pidió informe jurídico a la Administración que sustentara dicha afirmación, más cuando la Asociación de Letrados y otras organizaciones volvían a cargar contra el Catálogo de Puestos Tipo con los mismos argumentos. La Administración negó rotundamente entregarnos, ni el informe de que había seguridad jurídica con el nuevo Catálogo de Puestos Tipo, ni los informes que decían tener de los criterios de elaboración del mencionado catálogo. Para salvar cualquier tipo de suspicacia por la premura en la aprobación del Catálogo de Puestos Tipo, se acordó que se revisaría a los seis meses”. “No puede ser que el personal docente tenga un concurso al año, el sanitario también, el laboral cuatro resoluciones en un mismo año, y que haya personal funcionario que no haya podido concursar en 11 años”, matiza vehementemente Mariano Prieto. “Hay situaciones personales y gastos imposibles de soportar”, añade. En este último concurso se admitieron 4.856 solicitudes y se adjudicaron 2.701 plazas que han quedado más que en aire. Esto sin contar los funcionarios que están pendientes de que se resuelva este concurso para volver a concursar, lamenta CSIF. Mariano Prieto entiende que el primer Catálogo de Puestos Tipo fuera anulado, puesto que “siempre se pueden cometer errores”. Pero cuando se anula de nuevo, “empezamos a pensar que nunca hubo un interés real en ajustarse a la legislación. Que hubiera 78 demandas judiciales contra el Catálogo de Puestos Tipo, las relaciones de puestos de trabajo y el concurso es reflejo del nulo interés negociador de los responsables de Función Pública de aquel momento, de Santiago-Juárez y Marta López”. “Hemos perdido tiempo, mucho, y los funcionarios no se merecen esto”, remarca Prieto, que comenta que “la nueva directora de Función Pública, Paloma Rivero, demuestra otro talante, y que ha convocado una reunión el próximo día 26 de diciembre para tratar el tema del concurso”. “El daño está hecho, pero desde CSIF apostamos por la resolución del concurso, pues es la forma legal de mejorar la conciliación laboral y familiar y la mejora profesional en igualdad de condiciones y sin comprometer la imparcialidad del funcionario”, dice. “El concurso afecta a personas, no a números, y de una manera u otra, el mal funcionamiento de la Administración en este tema les está costando dinero”, zanja con rotundidad Mariano Prieto.

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