Desde CSI.F, Sector de Administración General de Castilla y León, hemos hecho partícipe hoy al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León de la problemática que en estos momentos tienen planteada los más de 12.000 empleados públicos de Admón. General, que prestan sus servicios en la Junta de Castilla y León, en relación con el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, que en breve será debatido en las Cortes.

El citado Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, fue debatido en la Mesa General de Negociación del pasado día 10 de abril, presentando esta Central Sindical, diversas alegaciones al mismo, algunas de las cuales fueron aceptadas posteriormente, en la nueva redacción dada al mismo, que se nos presentó para su votación en el Consejo de la Función Pública, celebrado el pasado día 18 de abril.

Sin embargo, una de nuestras principales alegaciones, consistía en el mantenimiento de los concursos anuales, establecido en el artículo 48.2 a) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y que transcribimos a continuación, con su redacción actualmente en vigor:

Artículo 48. Procedimientos de provisión.

1. Los puestos de trabajo serán desempeñados por el personal que reúna las condiciones y requisitos que se determinen en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

2. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán por los siguientes procedimientos:

a) Concurso. Constituye el sistema normal de provisión. La periodicidad de su convocatoria será anual y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.

Dicha redacción, se pretende modificar a través de la disposición final novena del citado Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, que en su apartado 11, establece que:

“Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 48 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, que queda redactada en los siguientes términos:

1. Concurso. Constituye el procedimiento normal de provisión basado en la valoración de los méritos y capacidades, y en su caso, aptitudes, que se determinen para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados en cada convocatoria. En todo caso, el concurso valorará el grado personal y la antigüedad de los participantes. Así mismo podrán ser objeto de valoración, entre otros, aquellos méritos adecuados a las características o funciones de cada puesto contenidas en las relaciones de puestos de trabajo y el tiempo de permanencia en el último destino definitivo”

Como se puede observar, desaparece en la nueva redacción, la obligación legal de la convocatoria anual de los concursos, alegando la Administración, que no tendría sentido dicha cuestión, una vez se haya puesto en marcha el Concurso Abierto y Permanente, establecido en el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos, y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015/2019; sin embargo, en el Acuerdo Marco, se señala que la negociación del Concurso Abierto y Permanente debería haberse realizado durante el año 2016, no sabiéndose en la actualidad, cuando se pondrá en marcha dicho concurso, por ello, desde nuestra Central Sindical hemos instado a la Administración, a no suprimir la convocatoria anual de los concursos, hasta la puesta en marcha del Concurso Abierto y Permanente, derogando posteriormente dicho precepto legal, mediante cualquiera de los mecanismos legales de que dispone.

Otro apartado que nos preocupa de la Ley es el Artículo 24, apartado 2. a). Las R.P.T. comprenderán el ámbito geográfico de desempeño.

En relación con este artículo, desde CSI.F, alegamos que se debería clarificar qué se entiende por ámbito geográfico. No es lo mismo que sea una localidad, un municipio, una provincia, etc. Esta es una de las preocupaciones que nos están trasladando los empleados públicos en las visitas, ya que ven con cierto temor, que se les pueda trasladar de centro de trabajo o localidad a raíz de las nuevas R.P.T´s., dada la tendencia a la reducción en los derechos de los Empleados Públicos, que se está llevando a cabo por la JCYL.

O por ejemplo el Artículo 43, selección de personal temporal, se establece un desarrollo reglamentario del precepto y se ha eliminado el hecho de que las bolsas deriven de un proceso selectivo, por lo que parece dejar abierta la posibilidad de que también se pueda realizar la selección a través de la constitución de Bolsas que no deriven del mismo, en cualquier caso se ha de esperar al desarrollo reglamentario de esta cuestión.

En resumen, como podemos observar en las diversas modificaciones que se pretenden llevar a cabo, mediante el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y otras modificaciones legislativas anteriores, se está siguiendo una “hoja de ruta” por parte de la Administración, al objeto de incrementar las potestades de la misma, frente al recorte de los derechos de los empleados públicos, con el consiguiente desequilibrio entre la Administración y la parte social, que ha dado lugar a que desde esta Central Sindical, se haya planteado, la siguiente pregunta, a los altos cargos de la Administración en la citada Mesa General de Negociación: “¿Qué han hecho los empleados públicos de esta Comunidad, para que se les trate de esta forma? ”, de momento, no nos han dado ninguna respuesta,

En base a lo anteriormente expuesto, desde la Central Sindical lndependiente y de Funcionarios (CSI.F), asumiendo que representamos a la mayoría de las empleados públicos de la Junta de Castilla y León, hemos solicitado hoy el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en el próximo debate del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y, como fórmula posible, podríamos aceptar establecer en una disposición transitoria de la ley la cuestión de los concursos anuales de forma que siga vigente, en tanto en cuanto no se formalice normativamente el concurso abierto y permanente según el acuerdo marco firmado.

Nos trasladan que su intención es que no se modifique nada de la Ley de Función Pública en una norma de este tipo, ya que la Ley de Función Pública tiene suficiente importancia como para ser debatida por separado con todo el debate que lleva implícito, lo que aplaudimos pero todos somos conscientes de que La Junta no va a acceder a ello.

Hemos puesto de manifiensto, en otro orden de cosas, un resumen de las principales reivindicaciones que nuestro sector mantiene en todos los foros a los que acude, como por ejemplo:

• 35 HORAS SEMANALES, EN BASE AL ART. 47 DEL EBEP
• PAGAS EXTRAS, SIN REDUCCIÓN EN EL SUELDO BASE Y TRIENIOS.
• DECRETO DE ESTRUCTURAS (Chico/a para todo y en todas partes), QUE HEMOS VOTADO EN CONTRA.
• NEGOCIANDO ACTUALMENTE EL CATALOGO DE PUESTOS TIPO (CPT)
• REDUCCIÓN DE LAS LIBRES DESIGNACIONES Y MODIFICACIÓN DE LOS CONCURSOS ESPECÍFICOS, PARA HACERLOS MAS TRANSPARENTES Y OBJETIVOS.
• HAY QUE TENER EN CUENTA QUE SOMOS SERVICIOS ESENCIALES, SERVICIOS SOCIALES, EL BOMBERO FORESTAL, EL CUIDADOR DEL ANCIANOS, EL AGENTE MEDIOAMBIENTAL, ETC. EN TOTAL MAS DE 24.000 EMPLEADOS PÚBLICOS, DANDO UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA (Sólo el sector AGCYL)

• CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE, PARA TODOS LOS CUERPOS Y ESCALAS.
• RECUPERACIÓN DE LA ACCION SOCIAL, SOLO SUPONIA 3 MILLONES DE EUROS.
• PERMISO EMBARAZADAS, A PARTIR DE LA 37 SEMANA DEL EMBARAZO.
• CARRERA PROFESIONAL.
• POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, DOTANDOLOS DE MAS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.
• PROBLEMÁTICA DEL PERSONAL INTERINO, DESDE LA SENTENCIA DEL TJE.

Por otra parte hemos planteado la actual situación, problemática y necesidades de los Agentes Medioambientales y les hemos hecho entrega de la documentación referidada a ello incluyendo las últimas reivindicaciones presentadas a la Consejería de FYM: https://www.csif.es/contenido/castilla-y-leon/administracion-general-de-...

Trasladamos, asi mismo, los problemas y precariedad actual del operativo de Extinción de incendios forestales, y en especial de los fijos discontinuos de la Junta de Castilla y León, son otro de los importantes temas que hemos puesto sobre la mesa y que creemos necesitan de una urgente solución a la vista de la alarma y respuesta social generada recientemente en nuestra comunidad, y sobre todo porque creemos en un operativo de prevención y extinción público, por lo que desde CSIF abogamos por subir a un mínimo de prestación de 6 meses y por la reducción al mínimo de la actual interinidad del 70%, se trata de un Servicio Esencial según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León: https://www.csif.es/contenido/castilla-y-leon/administracion-general-de-...