El Ministro de Justicia desvelará la próxima semana su proyecto para lo que queda de legislatura.
10 de Octubre de 2014

CSIF ha exigido al nuevo Ministro la retirada del proyecto de entrega del Registro civil a los Registradores

En relación con la LOPJ, el Ministerio debe decidir si continua con el proyecto de Gallardón o lo mete en un cajón. CSIF vuelve a reiterar, que en caso de continuar con el proyecto, el preacuerdo firmado por CSIF, UGT y STAJ garantiza, entre otras cosas:

a. Los partidos judiciales en la misma forma que lo hace la LOPJ actual

b. Los centro de destino municipales en el caso de las UPAD y de cada centro servicio común de un mismo municipio (como está en la LOPJ vigente)

c. El mantenimiento de los Juzgados de Paz y Agrupaciones como centros de destino independientes con mantenimiento de la totalidad de las plantillas

d. La supresión de la movilidad forzosa ordinaria fuera del municipio. (volviendo a la situación actual de la LOPJ)

e. Además, el preacuerdo contiene el compromiso de seguir negociando nuestro estatuto jurídico desarrollando la LOPJ.

En el caso de otras modificaciones legales habrá que esperar a conocer cual es el contenido de la modificación de la ley de tasas que propone para emitir un juicio aunque CSIF ya ha manifestado su oposición a las mismas en muchas instancias y, sobre todo, su rechazo a la desproporcionada cuantía. Por otro lado, el Ministerio aún no ha explicado dónde están los cientos de millones de euros que se han recaudado y que deberían haberse aplicado a la mejora de la Justicia ya que ese es el principio fundamental de una tasa.

No obstante, para CSIF sí que hay otro tema que nos preocupa y mucho en materia de reclamación de los derechos laborales de los funcionarios ante la Justicia. Es la condena en costas que ahora pende como espada de Damocles sobre la cabeza de todo aquél que quiere demandar a la Administración por creer vulnerado uno de sus derechos laborales. Una condena en costas que se está aplicando con carácter sistemático a quien pierde el pleito, que no existe en el orden social (los laborales de la Administración no tienen este problema) y que impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva a los funcionarios y, en general a todos los ciudadanos puesto que esta norma sobre costas se aplica a todas las reclamaciones contencioso-administrativas.

En materia de modernización, CSIFya ha presentado su informe sobre la lamentable situación actual de las TIC en la Justicia española y espera una respuesta del Ministro sobre esta cuestión ya que, según dijo, iba a ser una de sus prioridades. Para CSIF sin un sistema integrado de gestión procesal en todo el país es imposible una justicia electrónica y, mientras eso no se resuelva, se seguirán enterrando millones de euros en programas obsoletos, inútiles que, en vez de facilitar las cosas a los funcionarios, las seguirán complicando.

En materia de recursos humanos CSIF cree que hay argumentos para superar ese 50% de tasa de reposición.Una justicia moderna no puede tener una tasa de precariedad laboral del 30%. Es inaceptable que se confiese la existencia de 10.000 vacantes (seguramente hay más) presupuestadas y con personal temporal, es decir, incluidos en el capítulo de gasto de personal y que no se saquen a oferta pública de empleo, al menos una gran parte de ellas. Además, desde hace tres años los funcionarios de Justicia tienen vetado el derecho a la carrera profesional a través de la promoción interna lo que supone un derecho recortado más para estos trabajadores

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