Las Administraciones Públicas estatales, autonómicas y locales han perdido en conjunto un 16’5% de empleados públicos en una década hasta los 2.795.000 trabajadores, en niveles de 2004. Hemos arrancado el año con 16.771 empleos menos según datos de la última Encuesta de Población Activa. En enero se destruyó más de un tercio de todo el empleo público creado en 2013. Asesores, empresas públicas y complementos vitalicios no siguen el mismo nivel de destrucción.

• CSI·F pide acabar con la destrucción de empleo público e iniciar una hoja de ruta para compensar los recortes

• Los empleados públicos quieren protagonizar la Modernización de las Administraciones Públicas

CSI·F señala que hay que rechazar el excesivo adelgazamiento de las Administraciones que ha ponderado Rajoy porque se debe fundamentalmente a una enorme destrucción de empleo público, especialmente en los sectores de educación y sanidad, que nos ha conducido a una cifra similar a la que existía hace diez años. Sin embargo, los ciudadanos siguen pidiendo cada día nuevos servicios sociales y de mayor calidad.
Para CSI·F, la destrucción de empleo público se ha realizado a través de la amortización de plazas y el despido de miles y miles de funcionarios interinos y personal laboral temporal en todas las Administraciones, en algunos casos, medidas declaradas ilegales como acaba de sentenciar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el sindicato independiente denuncia que el mismo ritmo de destrucción no lo han seguido los Asesores y el personal eventual de confianza.
Además, el otro pilar del adelgazamiento de la función pública se basa en la supresión o reducción de organismos públicosque actúan en el ámbito de las políticas sociales lo que ha provocado un apercibimiento al Gobierno por parte del Consejo de Estado.
No obstante, CSI·F valora algunas reformas emprendidas que suponen un control mucho más estricto del dinero público, la eliminación de duplicidades o los avances de la Ley de Transparencia.
Fin de recortes y recuperación de derechos
CSI-F ha reclamadoal Gobierno un marco de diálogo y colaboración para convertir a las administraciones públicas en un motor de crecimiento, con acciones concretas que permitan modernizar las estructuras y dignificar el papel y las funciones de los trabajadores que trabajan en este ámbito.
Para CSI-F las palabras del presidente del Gobierno reconocen de manera implícita que los empleados públicos han cargado sobre sus espaldas los excesos que han cometido los gestores políticos, sufriendo en sus carnes los recortes que todo el mundo conoce, al igual que el resto de los ciudadanos. Ahora debemos establecer una hoja de ruta que permita compensar los sacrificios realizados.

Ha llegado la hora de pasar página a los recortes, detener la sangría en el empleo público y establecer un nuevo marco jurídico que permita impulsar una administración estable y eficaz, frente a los errores y los excesos cometidos en la gestión pública.

Por eso, CSI-F emplaza al Gobierno a negociar una Ley de Función Pública que permita favorecer la promoción interna y la carrera profesional, favorecer la movilidad administrativa con garantías y seguridad jurídica para los trabajadores y evaluar el desempeño.

CSI-F también reclama un catálogo de servicios públicos en el que se determine lo esencial de lo accesorio en el gasto; y elaborar de manera urgente un plan recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y reforzarlas allí donde sea necesario, con criterios de calidad y eficiencia.

12 de febrero de 2014