Interior prepara un plan de choque contra la violencia en las cárceles: cada dos días se produce una agresión a funcionarios
- El Ministerio responde a las denuncias realizadas por CSIF durante los últimos meses y negociará un protocolo para reforzar la seguridad
- Instituciones penitenciarias admite déficits en las medidas de seguridad y en las plantillas de funcionarios.

23 de Diciembre de 2016

El Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha accedido a redactar un protocolo para afrontar el incremento de las situaciones de violencia y las agresiones a empleados públicos en las cárceles españolas, que denuncia de manera reiterada la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito.

Instituciones Penitenciarias ha trasladado a CSIF un borrador de protocolo tras los incidentes producidos en los últimos meses, y las lesiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios. Según datos recabados por nuestros delegados sindicales, en el último año se han registrado al menos 220 agresiones de internos al personal funcionario (54 graves), lo que supone una agresión de media cada dos días, superando los incidentes violentos del año pasado.

El borrador de protocolo marca la necesidad de analizar la situación, los riesgos existentes en el medio penitenciario para diseñar medidas preventivas y recursos para detectar las situaciones de riesgo y las actuaciones a llevar a cabo en caso de sufrir una agresión. El documento ya apunta algunas causas relacionadas con la organización: déficits en las medidas de seguridad, no disponer de medios de protección, falta de personal, falta de procedimiento de actuación y rotación sistemática de los trabajadores.

Además, Instituciones Penitenciarias admite que no se dispone de un registro único y específico de agresiones que sufren los empleados públicos penitenciarios: más de 15.000 funcionarios y funcionarias que realizan su actividad dentro de la estructura penitenciaria con personas privadas de libertad que en un porcentaje elevado presentan una mayor prevalencia de comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas

CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo) que dejó fuera a la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, tras nuestras denuncias por los episodios crecientes de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales, que fueron atendidas por la Comisión de Interior del Congreso, Instituciones Penitenciarias ha redactado ya un borrador de protocolo para Prisiones que negociaremos para mejorar la manera de afrontar este problema.

DÉFICIT EN LAS PLANTILLAS

Según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.

Además, en los últimos 3 años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013). En este sentido, CSIF reclama un plan de recursos humanos para diseñar una oferta de empleo público a varios años y un decreto que permita ampliar la oferta de empleo para 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en funciones.

Anexo. Violencia en Instituciones Penitenciarias.

Hasta septiembre de 2016, se han producido al menos 220 agresiones (54 graves) y en los últimos diez años, la cifra se eleva a más de 2.000. Estas cifras han sido recabadas por los delegados de personal de CSIF y a través de informaciones de los medios de comunicación, dado que el Ministerio de Interior no facilita los datos

2005

Agresión a funcionario

Graves

21

Leves

234

2006

G

32

L

211

2007

G

17

L

214

2008

G

23

L

223

2009

G

17

L

19

2010

G

17

L

205

2011

G

10

L

190

2012

G

10

L

161

2013

G

8

L

136

2014

G

12

L

156

2015

140

2016

220 (54 graves) datos preliminares a falta de cerrar el año.

En las prisiones de España tenemos los índices más altos de agresiones a Empleados Públicos de toda la Administración General del Estado, donde año tras año se incrementan sustancialmente sin que la Administración Penitenciaria ponga las medidas necesarias para reducir esta situación.

En el medio penitenciario, hasta ahora no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.

Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación, favoreciendo la movilidad de puestos de trabajo a los afectados.

El protocolo nos permitiría actuar sobre las variables que generan el incremento de la violencia que, para CSIF son fundamentalmente:

  • La falta de personal. En la actualidad, hay 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la práctica ausencia de oferta de empleo público. Y es que, entre 2011 y 2014, solo se han ofertado 174 plazas.
  • La sobre ocupación. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación es de 150 internos por módulo (cuando el ideal serían en torno a 70) de los que se ocupa uno o dos funcionarios.
  • El envejecimiento de la plantilla. El 38 por ciento de los funcionarios tienen más de 50 años y uno de cada tres está a punto de jubilarse.
  • La falta de plantilla de Psiquiatría y asistencia psicológica En torno al 45 por ciento de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica y pese a ello los centros carecen de personal de psiquiatría de carrera. Únicamente hay visitas de psiquiatras 2 o tres veces al mes.
  • Falta de asistencia jurídica.
  • La falta de formación específica en determinados perfiles de presos, como los de carácter yihadista.