CSIF reclama un acuerdo para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010 por la subida de precios
25 de enero de 2022
-El presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, ha señalado esta mañana en Toledo que “los empleados públicos no podemos seguir pagando la factura de las diferentes crisis”
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, incide en la necesidad de mejorar las retribuciones de los empleados públicos, que acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 13% desde 2010.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que ha participado esta mañana en un encuentro con delegados en Toledo, ha subrayado que “los trabajadores públicos tuvimos en 2021 una subida salarial del 0,9% frente a una inflación media del 3,1%”.
Por ello, CSIF reclama que un acuerdo con Función Pública que permita avanzar en la recuperación paulatina del poder adquisitivo a lo largo de varios años. “Vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, lo cual en muchos casos es inasumible, ya que contamos con muchos trabajadores con salarios muy bajos. Los empleados públicos no podemos seguir pagando la factura de las diferentes crisis, ya sean económicas, financieras, inmobiliarias o la que estamos sufriendo con el coronavirus. Nos tenemos que tomar en serio a nuestras administraciones públicas”, sostiene Borra.
Por su parte, el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha reclamado también al Ejecutivo autonómico mejoras en materia salarial, ya que “las únicas subidas que han tenido los empleados públicos en la región provienen del acuerdo que firmamos con el Gobierno central en 2018, nuestros gestores han congelado las retribuciones mientras padecemos una inflación desbocada”.
En la reunión mantenida en Toledo también se ha abordado la necesidad de implantar la carrera profesional en todos los sectores, y recuperarla en el Sescam, donde lleva paralizada desde 2012.
Además, desde CSIF se urge a regular la jubilación anticipada del personal de la Sanidad a los 60 años, así como jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de los 38 años de cotización para el conjunto de trabajadores.