Estado actual de la educación pública en Guadalajara: en defensa de la enseñanza pública
13 de Mayo de 2011

Ya hace un año que nuestro presidente del Gobierno, amparándose en la crisis, anunció el recorte presupuestario en la totalidad de los servicios públicos, recorte que también llegó a la enseñanza.


Este fue el primer escollo que tuvo que sortear la enseñanza pública, después han venido otros, a cual más alarmante y pernicioso para nuestra enseñanza.
Los recortes en nuestra región se han centrado en la asignación presupuestaria de los centros educativos, en poco más de un año colegios e institutos han tenido que mantener sus condiciones de operatividad con un 15% menos de presupuesto. Eso sí, se mantuvo un programa de gratuidad de materiales curriculares o libros de texto que cuesta a nuestras arcas 25 millones de euros que es antipedagógico (los alumnos no pueden subrayar los textos o no pueden responder a las actividades en el propio libro) y antisocial (se considera igual al alumno cuyos padres están en el paro, que a aquel cuyos ingresos superan los 4.000 euros por ejemplo).

En las adjudicaciones de profesores interinos de Maestros y Secundaria, observamos como aumentó la precariedad laboral de los trabajadores interinos ya que aumentaron los contratos a media jornada. Y la situación empeoró más si cabe a últimos de noviembre de 2010, desde entonces y hasta mediados de enero, apenas se cubrieron las bajas del profesorado.
La cuesta de enero se hizo más dificultosa porque la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha anunció que no iba a convocar oposiciones al cuerpo de maestros. En aquel momento solicitamos una convocatoria amplia de oposiciones al cuerpo de maestros, al igual que estamos reivindicando en el resto del estado; sobre todo a la vista de que la mayoría de las comunidades autónomas del entorno realizarán procesos selectivos.

Dicha cuesta de enero se prolongó en Febrero, a comienzos de este mes se anunció el incumplimiento de los acuerdos de subidas retributivas de los docentes y la paralización de la partida presupuestaria de la indemnización de jubilación LOE. Y más dramática fue la aparición de la orden de aplicación del presupuesto de Castilla-La Mancha (el artículo 20 de la orden de 28 de enero de 2011 (DOCM de 2 de febrero de 2011)) por la cual no se está procediendo a sustituir al profesorado si éste no está más de 15 días lectivos de baja, o la previsión de no “contratar interinos si no es imprescindible para el curso 2011-2012”. La aplicación de esta normativa, que debería ser anulada inmediatamente, implicaría la contratación de menos profesores y la ampliación del número de alumnos a los profesores que impartan clase.

Claro, y todo esto va en detrimento de la enseñanza pública: menos dinero para los centros, más alumnos por aula, más alumnos por profesor…
Y por el contrario la Junta de Comunidades va “dando ejemplo de ahorro”: desde el 2008, año en qué comenzó la crisis, la Junta ha contratado 432 funcionarios por el sistema de libre designación, cuyo importe económico asciende a 18 millones de euros cuando menos, incluso después del 2 de febrero de 2011, momento de publicación en el DOCM de la mayoría de los drásticos recortes, la Junta de Comunidades ha seguido cubriendo plazas por este procedimiento. Además se “privatizan” funciones que la administración regional podría llevar a cabo mediante sus servicios, caso de los reconocimientos médicos, cursos de formación de profesores de prevención de riesgos, por no hablar de “convenios” educativos con centros privados….
Todo ello en un marco de imposición. En los últimos dos años el diálogo entre la Consejería de Educación y los sindicatos, representantes legítimos del profesorado, ha desaparecido, las órdenes, los decretos… se imponen, incluso aparecen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de producirse su negociación en la Mesa Sectorial correspondiente.
Por eso desde aquí pedimos, a quienes tengan la responsabilidad de dirigir la educación en nuestra región a partir del próximo 22 de mayo que hagan una apuesta decidida por la Enseñanza Pública, sólo la formación adecuada de nuestros jóvenes nos ayudará a salir antes de esta situación social y económica.
Exigimos una inversión eficiente en educación: el actual modelo está obsoleto y no ha dado resultado, tanto es así que el informe “Las políticas educativas en España: ranking de excelencia educativa”, sitúa a Castilla-La Mancha como penúltima comunidad a nivel estatal, sólo por delante de Baleares. Este índice de eficiencia nos otorga un 20,10% mientras que la media nacional es el 32%, y estamos muy lejos de las comunidades punteras, Castilla y León y País Vasco, que se acercan al 60%.
Y por último, como no puede ser de otra manera, también exigimos que se tenga en cuenta al profesorado a la hora de legislar sobre enseñanza.