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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la FeSP-UGT anunciaron hoy movilizaciones por los incumplimientos en el IV Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado en diferentes aspectos, como son el nuevo encuadramiento legal de sus funciones y las subidas salariales vinculadas al mismo.
Los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019. Además, Función Pública ha incumplido en la negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal que realiza funciones reservadas por Ley a Funcionarios.
Esta situación por otra parte ‘secuestra’ el derecho del personal a la movilidad. Mientras la Administración no acceda a llevar a cabo el encuadramiento del personal, no se puede poner en marcha los concursos de movilidad.
En lo que se refiere a la subida, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial nos traslada que, pese a estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda, no se podrá llevar a cabo hasta que no vean la luz los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Por todos estos motivos, nos vemos obligados a realizar la siguiente serie de acciones:
Gabriel Filipini, responsable de UGT en la Negociación del Convenio Único de AGE, ha señalado durante su intervención que “son los incumplimientos del Gobierno los que han abocado a plantear estas movilizaciones. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo que se debía salir unidos de la crisis sin dejar a nadie atrás. Pues es el momento de dar ejemplo y no dejar atrás a los empleados públicos del que, además son unos de los colectivos que más han contribuido a luchar contra la pandemia”.
“Ya estamos cansados de que las empleadas y empleados públicos seamos siempre los paganos de todas las crisis y de ser la primera opción de los gobiernos cuando hay que hacer recortes”, destacó por su parte Milagros Dorronzoro, secretaria de Negociación de CSIF. Además, recordó que los empleados/as públicos “están sacando las castañas del fuego y dando la cara por el Ejecutivo, por ejemplo, en la gestión de los ERTES o el Ingreso Mínimo Vital”.